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Política

Gustavo Adrianzén cuestiona denuncia constitucional y asegura que existe una persecución contra Boluarte

El titular de la Fiscalía presentó el mencionado recurso ante el Congreso para que sea remitido a la Subcomisión y se continúen con los procesos.

larepublica.pe
Adrianzén informó que los miembros del Gabinete se encuentran incómodos ante la denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Foto: difusión.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a la denuncia constitucional presentada por el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones que recaen sobre ella por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.

En ese sentido, el titular del Gabinete Ministerial cuestionó el recurso presentado por la Fiscalía y aseguró que estas últimas acciones por parte de las autoridades se tratarían de una persecución sistemática hacia la mandataria desde hace semanas atrás. Sostuvo que estos hechos afectan al desempeño de Boluarte Zegarra para dirigir y tomar buenas decisiones adecuadas para el país.

Manifestó que la denuncia constitucional contra la mandataria ha ofendido a los miembros del Ejecutivo y enfatizó que la última acción del Ministerio Público 'menoscaba las funciones constitucionales' de la jefa de Estado. Además, dijo estar seguro de que la acusación contra la presidenta se archivará en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al no contar con los elementos suficientes.

“Insisto en lo que vengo diciendo semanas atrás, esta no es más que una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le hace a la Presidenta de manera indebida, inconstitucional e ilegal” , dijo a Canal N.

Juan Villena presenta denuncia constitucional contra Boluarte por el caso Rolex

Este último lunes 27 de mayo, el titular de la Fiscalía, Juan Carlos Villena, interpuso una denuncia constitucional ante el Legislativo contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, por presuntamente haber cometido el delito de cohecho propio. A raíz de las hipótesis de que la mandataria otorgó cuantiosos presupuestos a favor del Gobierno Regional de Ayacucho, que actualmente es liderado por Wilfredo Oscorima.

En esa línea, Boluarte Zegarra es acusada de favorecer a dicho funcionario del Estado por posiblemente otorgar millonarios decretos de urgencia para la región de Ayacucho. Según el Ministerio Público, la presidenta recibió objetos de lujo, tales como relojes Rolex, aretes de oro y una pulsera bangle, como contraprestación por las transferencias efectuadas por el Poder Ejecutivo a la gestión de Oscorima Núñez.

La denuncia constitucional presentada por Juan Carlos Villena sería remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), con el objetivo de ser debatida y considerada para su admisión.

"Interpongo denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, como presunta autora del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 394", se lee en el documento del Ministerio Público.

¿Dina Boluarte puede ser acusada constitucionalmente durante su mandato?

En conversación con La República, el constitucionalista Diego Pomadera señaló que la jefa de Estado está protegida por el artículo 117 de la Carta Magna, el cual la resguarda de denuncias constitucionales. Por lo tanto, habrá que esperar las posiciones de las diferentes bancadas representadas en el actual Congreso con respecto al recurso presentado por Juan Carlos Villena.

Agregó que para admitir estas denuncias se debería esperar a que los mandatarios en funciones terminen sus 5 años de gestión y otros años adicionales para que las denuncias constitucionales continúen su proceso.

"El presidente tiene la protección del artículo 117, el cual no se le puede acusar constitucionalmente por ningún motivo salvo por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso, entre otros (...) las denuncias constitucionales contra los presidentes deben esperar que acabe su mandato y levantar el antejuicio porque la protección del artículo 117 alcanza hasta 5 años culminada su gestión", manifestó para este medio.