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Política

Congreso decide no otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo por tener acusación constitucional

Castillo Terrones no podrá recibir una remuneración mensual aproximada de 15.000 soles tras decisión del Parlamento.

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Castillo Terrones actualmente cumple prisión preventiva por el delito de rebelión. Foto: La República.

El Congreso ratificó la decisión de no otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo debido a una acusación constitucional en su contra. Esto ocurrió luego de que el Parlamento rechazara la apelación presentada por el abogado del exmandatario, Walter Ayala, según informó RPP.

En ese sentido, en la resolución n.º 133-2024-DGA-CR, se lee que el Poder Legislativo decidió declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el ex jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, debido a que los miembros del Congreso formularon una acusación constitucional contra el expresidente conforme al artículo 2 de la Ley N.º 26519.

Además, en el escrito se señala que dicha medida queda en "suspenso hasta que no exista una sentencia judicial que lo declare inocente de los delitos que se le imputan". Por consiguiente, el documento presentado por su abogado y exministro de Defensa, debe "declararse infundado".

"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor José Pedro Castillo Terrones, expresidente constitucional de la República contra la carta N.º 543-2024-DHR-DGA/CR de fecha 11 de abril de 2024, emitida por el Departamento de Recursos Humanos, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, dándose por agotada la vía administrativa", se lee.

Pedro Castillo interpuso recurso de apelación para recibir pensión vitalicia

Según el documento, se indica que el abogado Walter Ayala, ingresó a mesa de partes del Parlamento el 23 de abril del presente año para interponer el recurso de apelación contra la carta n.º 543-2024-DHR-DGA/CR. Asimismo, el argumento que utilizó la defensa de Castillo Terrones para recibir una remuneración mensual de aproximadamente 15.000 soles fue que el Legislativo aprobó de manera ilegal la vacancia presidencial contra su cliente el 7 de diciembre de 2022.

Por consiguiente, a partir del siguiente día, tenía derecho a recibir "una pensión vitalicia" mientras que la denuncia constitucional "fuera aprobada con posterioridad". Además, consideró de "arbitrario e ilegal", puesto que al ser investigado aún mantiene la "presunción de inocencia resultado desproporcionado que se restrinja sus derechos pensionarios"

En esa línea, el departamento de Recursos Humanos del Legislativo, mediante la carta n.º 543-2024-DHR-DGA/CR emitida el 11 de abril de 2024, respondió a Castillo Terrones ante la solicitud y sostuvo que al contar con una denuncia constitucional en curso, el exmandatario "se encuentra incurso de la suspensión del derecho a percibir la pensión para expresidentes Constitucionales de la República establecido en el artículo n.º 2 de la Ley 26519", por lo que el requerimiento del exprofesor resulta "improcedente".

Congreso aprobó denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado

En febrero de 2023, el Pleno del Congreso decidió aprobar con 59 votos la denuncia constitucional contra el exjefe de Estado Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado en diciembre de 2022. Actualmente, Castillo Terrones cumple prisión preventiva tras ser acusado de cometer los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por ser el líder de una posible red delincuencial y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado.

Así como también de ser el presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. Asimismo, el informe da cuenta que los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado son acusados por el presunto delito contra la modalidad pública en la modalidad de organización criminal.

Vale precisar que culminada la aprobación de la referida denuncia, el documento fue enviado hacia la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides Vagas.