El gerente de Inversiones Tecnológicas del Perú, Johan Chauca Iparraguirre, y el director de ventas de dicha empresa, Gustavo Bullón Ausejo, se han acogido a la confesión sincera, así lo ha anunciado el fiscal Freddy Niño Torres, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), en la audiencia de pedido de prisión preventiva que el juzgado viene realizando por el caso Valkiria XI.
"Se ha traído como graves y fundados elementos de convicción el estado de cuenta emitido en octubre y diciembre del año 2023 por parte del investigado Gustavo Bullón Ausejo, quien junto al investigado Chauca Iparraguirre, se ha acogido a la confesión sincera, según el artículo 160 del Código Procesal Penal. Han delimitado y detallado las formas y circunstancias en cómo se habría gestado y se habría entregado el dinero. Se encuentra evidencia a través de sus declaraciones, por supuesto, corroborado con los estados de cuenta y con el reconocimiento de personas a través de estos 15 de detenido", dijo en la audiencia.
De acuerdo a la tesis fiscal, ellos habrían ganado concursos, direccionado por Patricia Benavides, de S/7.522.436,18, para la contratación de equipos de cómputo en la Fiscalía. Gracias a ello, Giancarlos Valer, el nexo entre ambas partes, habría entregado el pago S/70.000 en un folder manila a Jaime Villanueva tras haberse reunido con él en un lugar pactado.
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En compañía de Miguel Girao y Jorge Palomino, los otros asesores de la fiscal suspendida, recibieron este monto y acordaron repartirse S/10.000 cada uno y S/30.000 para la titular del Ministerio Público, a quien Villanueva se lo entregó en el despacho del Ministerio Público. La entidad fiscal asegura que ella habría utilizado este dinero para pagar los gastos médicos de su hijo.
Según informes recientes, Patricia Benavides, quien se encuentra suspendida de su cargo como fiscal de la Nación, aparentemente contaría con informantes dentro del Ministerio Público. Estos colaboradores internos le proporcionarían detalles sobre las investigaciones que se están llevando a cabo en su contra, donde se la señala como posible líder de una organización criminal.
Un colaborador eficaz entregó a la Fiscalía un audio que, según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), confirmaría que Benavides está plenamente informada sobre los avances en las investigaciones antes de que estos sean hechos públicos por la Fiscalía.
Patricia Benavides fue internada en una clínica local tras someterse a una operación quirúrgica. Foto: Andina.
Adicionalmente, en una conversación grabada que el mismo colaborador eficaz sostuvo con Benavides, se revelaría su conexión con Jorge Rodríguez Menacho, exintegrante de la Policía Nacional del Perú (PNP). Menacho habría actuado como su informante dentro de la División de Alta Complejidad (Diviac), manteniendo a Benavides al corriente de los movimientos internos y las investigaciones en curso.
La fiscal suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Delia Espinoza Valenzuela, pidió al Poder Judicial la suspensión de 36 meses de Patricia Benavides como fiscal suprema y en el cargo de fiscal de la Nación por presuntamente dirigir una organización criminal desde el interior del Ministerio Público.
El pedido se realizó el último viernes de 10 de mayo ante el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria. La investigación preliminar que dirige Delia Espinoza se enfoca en delitos contra la tranquilidad pública, específicamente por organización criminal agravada, y por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Desde el 7 de diciembre del 2023, Patricia Benavides ya se encuentra suspendida en su cargo por decisión de la Junta Nacional de Justicia, por un plazo inicial de seis meses. Esta suspensión vencerá el próximo 6 de junio, por lo que Benavides podría reincorporarse al Ministerio Público.
El pasado 10 de mayo, la fiscal suprema Delia Espinoza presentó una denuncia constitucional que implica a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, por peculado doloso y cohecho pasivo específico. La denuncia, de 112 páginas, expone la coordinación entre ambas funcionarias en acciones contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Según el documento, al que tuvo acceso el diario La República, se detalla en la página 16 la conexión entre Benavides, actualmente suspendida, y la congresista Chirinos. Este vínculo sería crucial para entender las estrategias empleadas por ambas para influir o atacar a la JNJ, revelando así una trama de colaboración que compromete a ambas funcionarias en actividades posiblemente ilícitas.