El informe de calificación de la Comisión de Ética que declara procedente la denuncia de oficio seguida contra el congresista Darwin Espinoza Vargas (AP) por uso indebido de recursos del Congreso de la República en la formación de un partido propio fue aprobado por 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por tanto, se dio paso a las investigaciones correspondientes.
El documento precisa que, de acuerdo con el informe del programa ‘Punto final’, el congresista habría realizado labores ajenas a sus funciones como legislador al promover la recolección de firmas para la creación del partido político Adelante Áncash, usando personal de su despacho parlamentario. A esto se agrega el uso de recursos materiales del Congreso como gran cantidad de hojas bond, impresora y la cuenta del Reniec con el propósito de verificar las firmas que sus trabajadores recolectaban.
Indica, asimismo, que ‘Punto final’ evidencia los momentos en que trabajadores del congresista de Acción Popular recaban firmas y a cambio entregan pelotas.
Incluso, se escucha en off la voz de un trabajador que refiere que en enero pasado fueron reunidos por el parlamentario para decirles que había un proyecto público que los iba a beneficiar y que debían participar en su ejecución.
El documento de calificación señala que de las diligencias realizadas en el despacho del congresista Espinoza y de la información recabada sobre el movimiento Adelante Áncash, la Comisión de Ética ha conocido que el personero legal de este partido es Renato Espinoza, hermano del parlamentario.
En cambio, la Comisión de Ética rechazó por 11 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones la denuncia contra el congresista Eduardo Salhuana (APP) por la influencia que tendría, junto con su asesora legal en la defensa de un minero inscrito en Reinfo denunciado por ejecutar minería ilegal en Madre de Dios.
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La comisión consideró que Salhuana no ha vulnerado el Código de Ética porque ejerció la defensa del minero antes de ser legislador, y que dicho código no alcanza a su asesora legal, sino solo a parlamentarios.
En la denuncia contra la congresista Nelcy Heidinger por tener un asesor ad honorem en su despacho, quien la representaba en otras instituciones públicas utilizando un fotocheck de otro trabajador, Ética la declaró infundada alegando que la legisladora desconocía las normas.