Atentos y en alerta. Los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales a nivel nacional rechazaron el proyecto del congresista Jorge Montoya que plantea declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público.
Al igual que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, los presidentes de las Juntas consideran que esa propuesta legal busca quebrantar el orden constitucional y el Estado de derecho al afectar la independencia y autonomía de los fiscales.
“Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, vulneraría el Estado constitucional de derecho, la autonomía y la independencia del Ministerio Público, y el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia”, afirmó Villena en un comunicado público, el 22 de febrero.
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En una reunión realizada el 26 de febrero, los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales acordaron respaldar el pronunciamiento del fiscal de la Nación y dar a conocer su propia opinión sobre el proyecto.
“Por mandato constitucional, el Ministerio Público es el organismo constitucional autónomo, encargado de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos, así como velar por la recta administración de justicia y, todos sus representantes debemos ejercer nuestras acciones y recursos en observancia de dicho mandato constitucional”, señalan.
Por ello, dicen: “Rechazamos el proyecto de ley sin número: ‘Ley que declara en emergencia y reorganización al Ministerio Público’ presentado por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique miembro del Grupo Parlamentario Renovación Popular, y los futuros proyectos que busquen quebrantar el orden constitucional y el Estado de derecho”.
Además, ratifican el compromiso de mantenerse “atentos y alertas ante cualquier intento de vulneración del orden constitucional y al Estado de derecho que afecte la institucionalidad del Ministerio Público”
Por este motivo, invocan al Congreso y las fuerzas políticas a respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público.
El proyecto de ley presentado por el almirante en retiro y congresista Jorge Montoya ha traído a la memoria de los fiscales la mala experiencia que supusieron las reformas y reorganizaciones del Ministerio Público durante la dictadura de Alberto Fujimori, de 1990 al 2000.
En esa época, bajo la excusa de reformar el Ministerio Público, la institución fue puesta bajo el control de fiscales supremos provisionales y una Comisión Ejecutiva al servicio de los intereses del fujimorismo y el férreo control del asesor presidencial y jefe de facto del SIN, Vladimiro Montesinos Torres.
Entonces, el Gobierno, a través del SIN, decidía quién era investigado y acusado.
Constitución. La Constitución Política del Estado reconoce al Ministerio Público como un organismo autónomo de los poderes públicos. Señala que es el titular de la acción, por lo que dirige la investigación y formula la acusación y defiende la legalidad.