SIP insta a Policía a desistir del acoso contra La República y Carlín
Respaldo. El Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas se adhieren al rechazo a la amenaza del comandante policial por críticas en caricatura.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a propietarios, editores y directores de más de 1.300 publicaciones periodísticas de América, rechazó la arremetida de la Policía Nacional del Perú contra La República y su caricaturista Carlos Tovar (Carlín), en la que exige disculpas públicas y amenaza con una demanda de difamación por un dibujo satírico en que critica la indefensión de la sociedad ante malos agentes y delincuentes con traje policial. El gremio internacional instó a la Policía a desistir en su intento de querellar a la casa editora y a tener mayor tolerancia.
“La reacción de la Policía es totalmente desproporcionada (...). Rechazamos la amenaza de una querella y consideramos inadmisible un reclamo de rectificación ante un legítimo ejercicio del derecho a crítica. Las autoridades deben retirar la demanda de manera inmediata para no causar un grave daño a la libertad de expresión en Perú”, expresó Roberto Rock, presidente de la SIP y director del reconocido sitio web periodístico mexicano La Silla Rota.
“Plantear acciones legales por afectación de la imagen institucional vulnera las libertades de expresión y de prensa y desconoce que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio público”, recordó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, quien es director periodístico del diario argentino La Voz del Interior.
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Ambos representantes del gremio periodístico interamericano recodaron que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y que las “leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos (...) atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que ya han mostrado su rechazo a la actitud policial, se han adherido al pronunciamiento de la SIP.
Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP, refirió: “No tiene precedentes que tantas organizaciones, incluyendo internacionales, y la más importante de ellas americana, se junten para un comunicado de este tipo porque es una respuesta a algo que también no tiene precedentes: que la Policía esté buscando iniciar acciones legales contra el humor. Es un atentado brutal contra la democracia. Ir contra caricaturas ha sucedido en las dictaduras. No creería que la Policía quiere, además de su baja aceptación ciudadana, ser considerada como institución que atenta contra los valores de la democracia. La democracia está sustentada en la libertad de expresión”.
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El abogado Roberto Pereira, asesor y asociado de IPYS adujo: “Pretender querellar contra caricaturas sería inédito en el Perú. Es peligroso porque abre la puerta a la censura de la opinión. La caricatura recurre a la sátira, cierta distorsión, para criticar la realidad, para criticar la realidad con una opinión. No puede ser materia de rectificación. Es muy grave que no se pronuncie el Gobierno porque estas actitudes comprometen la responsabilidad internacional del Estado peruano: pone en cuestión la voluntad democrática. Esto implica avalar”.
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, dijo: “La Policía debe desistir de su pretensión de criminalizar la sátira. Una democracia tiene protección preferente a la sátira y la crítica. Además, cuando se intenta poner mordaza a este tipo de críticas, se da el efecto contrario”.
Asimismo, la asociación civil Transparencia conminó a las autoridades policiales a tener tolerancia a la crítica y a cesar su acometida contra la empresa periodística que ha amenazado.
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“Las autoridades que ejercen el poder público están obligadas a respetar la libertad de expresión y a ser tolerantes frente a la crítica y el disenso. Por ello, exhortamos a la Policía del Perú a que desista de su intención de querellar al Grupo La República”, expresó esta entidad civil en la red social X, antes Twitter, en internet.
Reacciones
Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP
“Es un atentado contra la democracia. Ir contra caricaturas ha sucedido en dictaduras. No creería que la Policía quiere, además de baja aceptación, ser considerada como que atenta contra valores democráticos”.
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP
“Están arremetiendo contra libertades fundamentales. Vamos a persistir en la postura que hemos asumido. Estamos convencidos de que es la defensa de las libertades de opinión, de pensamiento y de expresión”.
Roberto Pereira, asesor de IPYS
“Esto pone en cuestión la voluntad democrática del Estado. El Gobierno debió fijar posición y sostener que defiende la libertad de expresión. Preocupa que el jefe de la Policía ignore algo tan elemental”.
