Reforma de justicia en agenda del Gobierno y Congreso

En el Gobierno y el Congreso quieren emprender la reforma del sistema de justicia, una tarea pendiente que, en manos de políticos dedicados más a sus intereses y a aumentar su poder, acrecienta preocupaciones sobre los daños que generan al país.

Hoy debe sesionar el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, como anunció el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Esta instancia nació hace casi seis años, pero no operaba.

“Se llevará a cabo una de las reuniones más importantes para el sistema de justicia, nuevamente se activará el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia en el que vamos a examinar las políticas públicas y los proyectos que en materia de justicia se deben hacer”, dijo la semana pasada en RPP.

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Este Consejo se creó por ley en agosto del 2018, aprobada con votos del fujimorismo, APP y otras bancadas de entonces sobre un proyecto del Gobierno de Martín Vizcarra. Fue recomendación de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, que armó ante el escándalo de los CNM audios, que evidenció la corrupción de jueces, fiscales, consejeros y políticos.

El Consejo es integrado por las cabezas del Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Nación, Defensoría y Contraloría.

Pese al respaldo fujimorista y de APP cuando se dio esta ley, ahora aducen que el Consejo “ha demostrado ser una instancia ineficiente” en una moción para crear un comisión multipartidaria que en 45 días entregue una propuesta de reforma del sistema de justicia.

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La firman Eduardo Castillo, Víctor Flores y Martha Moyano, de Fuerza Popular; Magaly Ruiz y Eduardo Salhuana, de APP; Alejandro Muñante y Jorge Zevallos, de Renovación Popular; Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial; Héctor Valer y José Jerí, de Somos Perú; Adriana Tudela, de Avanza País; Kira Alcarraz, de Podemos; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú; y Maricarmen Alva, no agrupada.

Tras una votación en que no se aprobó, el ahora ‘naranja’ Fernando Rospigliosi pidió reconsiderar.

El abogado Pedro Grández, profesor de las universidades Católica (PUCP) y San Marcos, recalca que “la justicia ha estado siempre a la espera de una reforma seria que ahora parece ser el pretexto perfecto para una nueva asonada desde el Congreso”. Alerta que la crisis actual es también “crisis en los controles que propicia un peligroso avasallamiento desde el Congreso”.

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“Es evidente que pretende control de procedimientos e intervención en decisiones que se vienen tomando en un momento en que muchas de las fuerzas políticas, que tienen activa participación en el Congreso, mantienen abiertos procesos judiciales o investigaciones”, advierte.

Además, no se ha abierto este proceso a la ciudadanía.

La abogada Cruz Silva, del programa Justicia Viva, del Instituto de Defensa Legal (IDL), dice que “no se pueden hacer reformas sin participación de la sociedad civil”.

“Este Congreso, que ha violado tantas veces la independencia fiscal y judicial con denuncias absurdas contra fiscales y jueces supremos y la JNJ, evidencia que la intención es someter a la justicia y no reforzarla”, añade la especialista.

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Reacciones

Pedro Grández, abogado, PUCP y UNMSM

“La política y su afán de controlar instituciones de la justicia no es novedad. La justicia ha estado siempre a la espera de una reforma seria que ahora parece ser el pretexto perfecto para una nueva asonada desde el Congreso”.

Cruz Silva abogada, IDL

“No se pueden hacer reformas sin participación de la sociedad civil. El reglamento del Consejo abre la posibilidad (no es claro en el deber) de convocar a especialistas, mas no dice nada de sociedad civil y menos de víctimas”.

Eduardo Vega Luna, abogado, UARM

“¿Quieren verdadera reforma de justicia? Retomen la política aprobada en julio de 2021 por todas las instituciones de justicia. Se basa en tres ejes: lucha contra la corrupción, modernización y acceso a poblaciones vulnerables”.