Poder Judicial admite apelación de la Procuraduría sobre archivo de investigación contra Zoraida Ávalos

El Poder Judicial, mediante el juez supremo Juan Carlos Checkley, admitió a trámite el recurso de apelación de la Procuraduría General del Estado. La finalidad de este documento es anular la resolución en la que se ordena archivar la investigación contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, a quien se le acusa por suspender indagaciones sobre presuntos hechos delictivos atribuidos al expresidente Pedro Castillo hasta que culminara su mandato en el 2026.

"CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por el representante de la Procuraduría General del Estado-Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios contra la Resolución N.º 3 del 23 de noviembre de 2023", se precisa en el documento.

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El juez Checkley tomó esta medida tras indicar que la defensa del Estado ha "cumplido" con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para su evaluación por la Corte Suprema.

Zoraida Ávalos: defensa del Estado rechaza archivo de su caso

La defensa legal del Estado solicitó que se declare nula la resolución apelada con el fin de emitir un nuevo pronunciamiento sobre el caso de la exfiscal de la Nación. Al respecto, el juez supremo resolvió conceder este recurso de apelación, el pasado 15 de diciembre, como precisa el documento, y luego remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

En caso se admita a trámite, se deberá programar una audiencia virtual para que se evalúe con la participación de los involucrados y, así, se emita un veredicto definitivo.

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Corte Suprema archivó el caso de Zoraida Ávalos tras no probarse delito de omisión de funciones

A principios de diciembre, la Corte Suprema resolvió a favor de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, inhabilitada inconstitucionalmente por el Congreso; puesto que sostuvo que no cometió el delito de omisión de acto funcional. Esto se dispuso luego de que, en junio de este 2023, la exfiscal de la Nación fue destituida de su función pública por aquel presunto delito.

De acuerdo con la tesis, Zoraida "incumplió las obligaciones inherentes al Ministerio Público de ejercer la acción penal, siendo precisamente la fiscal de la Nación, la única funcionaria legítima para investigar los presuntos delitos cometidos por los altos funcionarios y, no obstante, haber advertido la denunciada existencia de hechos irregulares con características delictivas que habría cometido el entonces presidente de la República, Pedro Castillo".