Comando Conjunto pagó sobreprecio de S/2.6 millones por raciones de campaña

Aprovechando que estaban autorizados para efectuar contrataciones directas, sin necesidad de convocar a licitación ni a concurso de precios por una situación de emergencia, funcionarios del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) compraron 55 mil raciones de campaña con sobreprecio, favoreciendo a la empresa proveedora Lealto EIRL, de acuerdo con una auditoría de la Contraloría.

Los responsables no buscaron las mejores ofertas, pasaron por alto a compañías con experiencia y optaron por adjudicar la provisión de alimentos directamente a Lealto EIRL, de propiedad de Luis Alvarado Ato, cuyo rubro es la ingeniería civil y la electromecánica, informó una investigación de La República.

Además de haberle cobrado un sobreprecio al CCFFAA, la empresa proveedora incumplió con los plazos de entrega, lo que implicaba sanciones pecuniarias, conforme lo indicado por el contrato. Pero los funcionarios de la institución castrense no aplicaron las penalidades que corresponden por ley, según reportó este diario.

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La auditoría, que estuvo a cargo de la Oficina de Control Institucional (OCI) del CCFFAA, dependiente de la Contraloría, identificó como responsables al jefe de la Oficina de Administración del CCFFAA, coronel EP Julio Ramos Quintana, y al jefe de la Unidad de Logística del CCFFAA, teniente coronel EP Luis Cuya García.

Para ambos oficiales del CCFFAA, la Contraloría recomienda iniciar acciones penales por haber orientado la adquisición de 55 mil raciones de campaña en beneficio de Lealto EIRL, en perjuicio del Estado.

En el contexto de la situación de emergencia por la ola de protestas antigubernamentales contra la presidenta Dina Boluarte, el Ejecutivo autorizó al CCFFAA a efectuar una serie de compras para apoyar las acciones de la Policía Nacional, como equipos antimotines, escopetas lanzagranadas lacrimógenas y de perdigones, cascos, chalecos y alimentos para los efectivos militares.

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Como reveló una investigación de La República, los funcionarios del CCFFAA, lejos de buscar los mejores productos y ofertas de precios, se inclinaron por la compañía Lealto EIRL, desprovista de experiencia en el rubro de alimentos.

Lealto EIRL importó las raciones de campaña de la empresa estadounidense Nex-Xos, que elabora menús con platos “Tex-Mex”, que no consumen los soldados peruanos. Además, el costo por menú era superior al precio referencial.

Los funcionarios del CCFFAA cometieron fraude para favorecer a Lealto EIRL, conforme a la auditoría.

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“(Los responsables) validaron la cotización presentada por Lealto EIRL, entre otros. al indicar que el monto ofertado se encontraba dentro de los rangos aceptables respecto a los precios históricos”, señala la auditoría. Pero no era verdad.

“Se comparó el precio unitario de S/75.00 cotizado por el contratista (Lealto EIRL), que corresponde a raciones de campaña de 1.210 a 1.310 calorías, con el precio histórico unitario (S/79.80) de raciones que presentan mayor cantidad de calorías (3.000) y de componentes (desayuno, almuerzo, cena y complementos”, precisa el informe de Contraloría.

De esta manera, los funcionarios del CCFFAA simularon que Lealto EIRL había presentado la mejor oferta, y le adjudicaron el contrato por S/4 millones 125 mil por las 55 mil raciones de campaña.

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Lealto EIRL importó los alimentos por S/1 millón 515 mil 250 soles, por lo que el Comando Conjunto desembolsó S/2 millones 609 mil 750 soles.

“Los S/4 millones 125 mil (que pagó el Comando Conjunto), representa el 272.23% del costo de importación (de Lealto EIRL)”, señala la Contraloría.

Pero los implicados del CCFFAA no sólo beneficiaron a la empresa proveedora adjudicando el contrato de la provisión de las raciones de campaña con sobreprecio. También permitieron que ingresaran los alimentos importados para los soldados, sin contar con el Registro Sanitario extendido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

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Por esta falta, los oficiales debieron sancionar con S/412 mil 500 a Lealto EIRL, pero no lo hicieron, en evidente contubernio con la proveedora, según reportó una investigación de La República.

“(Estos) hechos se debieron al accionar de los funcionarios públicos (coronel EP Julio Ramos Quintana, y teniente coronel EP Luis Cuya García), quienes deliberadamente omitieron cumplir sus funciones en las actuaciones preparatorias (indagando el mercado) y en la ejecución contractual (ampliaciones de plazo)”, señala el informe de la Contraloría, confirmando los hallazgos de la investigación de este periódico.

Por lo que la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, “iniciar las acciones penales contra los funcionarios públicos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comprendidos en la irregularidad”.