Una serie de interceptaciones telefónicas y declaraciones de testigos protegidos, que detallaron paso a paso cómo operaba en el interior del Gobierno Regional de Huánuco la presunta organización criminal Los Negociadores de la Región, ha propiciado la detención de 32 personas. El caso, finalmente, detonó el reciente lunes 27 de febrero con un megaoperativo que permitió las capturas.
La investigación —según explica el medio Tu Diario Huánuco— inició en el 2020 e incluye al exgobernador Juan Manuel Alvarado Cornelio, sus dos hijos, tres exalcaldes, además de exfuncionarios y empresarios que habrían formado una banda delictiva dedicada a direccionar contrataciones de obras públicas a favor de proveedores.
Los delitos que se les atribuye son colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado, representado por el GORE Huánuco. Todo se habría perpetrado durante el 2019, cuando Alvarado Cornelio llegó al poder.
Para iniciar las acciones, Alvarado Cornelio habría designado a gerentes y directores de su entera confianza. Tal es el caso de Jim Claver Atencia Arbi (gerente de Administración), Luis Mario Tiburcio Miguel (director de Transportes), Elvis Eusebio Garay Correa (director de Logística) y Deni Darshan Cuchilla Acuña en el cargo de gerente de Infraestructura.
Según la investigación, estos funcionarios, antes de asumir los cargos de confianza, integraban los comités de selección de las diferentes municipalidades de la región Huánuco. Tanto los hijos, sobrino y pareja sentimental habrían actuado de la mano de Alvarado Cornelio para sacar provecho del erario público e influenciar en los funcionarios del gobierno regional y dichos grupos de trabajo para beneficiar al entorno familiar.
“La organización criminal Los Negociadores de la Región, el tiempo que duró, fue netamente lucrativa porque sus integrantes buscaron sacar el mayor provecho posible para ganar las contrataciones públicas y para el cual utilizaron a empresas y personas de fachada”, refiere parte de las conclusiones del Ministerio Público.
De acuerdo con el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huánuco, a cargo del fiscal Iván Carrión Virgilio, la presunta banda delictiva, aparentemente, fue constituida por el ahora prófugo Juan Alvarado y su entorno familiar para recuperar todo lo invertido durante la campaña electoral. Precisamente, el testigo protegido 01-2020 señaló que los gastos de la misma superaron los 5 millones de soles. Sin embargo, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), declararon un monto menor.
Alrededor de este caso, se desarrolló el megaoperativo "Tayta 2023", que comenzó durante la madrugada del 27 de febrero, con la participación de 200 policías y más de 30 fiscales, quienes tuvieron la labor de concretar la detención preliminar de 10 días contra 38 personas.
Además, la orden judicial dispuesta para este caso por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco permitió el allanamiento de 16 inmuebles en Huánuco, Lima y Oxapampa.