La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se refirió al informe de la Contraloría General de la República —enviado al Congreso— en el que se advierte una presunta infracción constitucional cometida por ella al firmar como representante legal del Club Departamental Apurímac durante el periodo en el que viene siendo parte del Ejecutivo. Aseguró que lo hizo, pero por temas estrictamente burocráticos.
“Sí (firmé en 2022), porque la vicepresidenta, ahora presidenta del Club Apurímac, todavía no ha inscrito su representación legal por el tema burocrático y seguramente el mismo Club Apurímac está resolviéndolo”, declaró a la prensa.
En esta línea, Boluarte advirtió que la misma ley la obligaba a seguir teniendo la representación legal del Club Departamental Apurímac: “Hay una ley de registros públicos y tiene su propia reglamentación, las personas que en algún momento asumieron la representación legal al haber sido elegidas presidentes del Club Departamental Apurímac, mientras no se inscriba la sucesión en registros públicos la ley obliga a (mantener) la representación legal”, agregó.
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Al respecto, el vacado exalcalde de Lima Jorge Muñoz, afirmó que ella sí se prestó para dichos trámites. Señaló que, en los documentos enviados a la comuna, la titular del Midis figura como presidenta del Club Apurímac. También advirtió que cuando se encontraban en eventos protocolares organizados por el Gobierno, ella aprovechaba para hablarle sobre temas del local.
En respuesta, Dina Boluarte negó que recuerde haber coincidido con Jorge Muñoz en una actividad pública y que los trámites ante la MML solo eran de regularizaciones de trámites: “La historia entre el Club Departamental Apurímac y la Municipalidad de Lima tiene una historia larga que viene desde el 2019 y lo que se ha venido haciendo en esta temporada es regularizar aquello que empezó en el 2019. No se ha venido haciendo ningún acto nuevo, se viene regularizando documentos nuevos iniciados, mucho más antes de que sea ministro del Estado”, mencionó.
Debido a lo revelado por la Contraloría, el Congreso consideró pertinente no sólo plantear un pedido de renuncia impulsado por los legisladores Norma Yarrow, de Avanza País y Javier Padilla, de Renovación Popular, sino también priorizarlo por ser un tema “importante para el país”, según lo dicho por la congresista Martha Moyano.
La comisión encargada de ver esta denuncia es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Según lo dispuesto a votación, el informe que se encargará de plantear si las acciones tomadas por Boluarte corresponden a una infracción o no, será emitido en los próximos días.