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Política

Otra vez sin pruebas: abogado de Zamir Villaverde insiste en presunto fraude electoral

La defensa legal de Zamir Villaverde, Julio Rodríguez, dijo que su patrocinado no le ha mostrado las pruebas del supuesto fraude porque “es un poco complicado” por su condición penitenciaria.

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No recuerda. Junto con la sentencia que recibió se le obligó a Villaverde a pagar S/ 50 mil. Foto: Félix Contreras/ La República

La defensa legal del empresario Zamir Villaverde, el abogado Julio Rodríguez, dijo –en entrevista con Cuarto Poder– que el recluido empresario tendría “todo para probar” presunto fraude electoral coordinado entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el presidente de la República, Pedro Castillo, pero que no ha podido acceder a las supuestas pruebas.

“Hemos conversado brevemente por teléfono, ya que por vez primera le permitieron hablar por teléfono. Él me comunicó que sobre las declaraciones que dio ante la Comisión de Fiscalización tenía todo para probar que lo que decía era cierto, me lo repitió hasta en tres oportunidades”, declaró al dominical.

En esta línea, al ser consultado sobre si tuvo acceso a las supuestas pruebas, el letrado señaló que debido a las limitaciones que le impone la prisión preventiva de 24 meses a Zamir Villaverde, no pudo acceder a ellas: “Es un poco complicado que me las enseñe (las pruebas) desde un penal, eso me lo dijo vía telefónica el viernes”, agregó.

Víctima. Jorge Salas es el jefe del máximo órgano electoral. Foto: difusión

Zamir Villaverde revive la teoría del fraude electoral

El último 12 de mayo, en lugar de responder a la imputación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien hace menos de una semana señaló el papel clave que cumplió en la presunta adjudicación corrupta de siete contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por S/ 804,5 millones, Zamir Villaverde García, sin presentar evidencias, acusó al mandatario Pedro Castillo de haber supuestamente organizado un “fraude electoral” para capturar la Presidencia de la República.

Días después, el empresario investigado por el caso Puente Tarata y delitos de lavado de activos en la Fiscalía, decidió guardar silencio durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el último viernes 13 de mayo. “Me acojo al derecho de silencio hasta contar con medidas legales y personales”, dijo.