El procurador público Javier Pacheco brindó detalles sobre el proceso de extradición contra el exjuez César Hinostroza, quien está detenido en España, tras escapar del país en el 2018 por presuntamente liderar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Al respecto, el funcionario indicó que se encuentran “en la etapa final de la extradición y la venida del extraditable sería inminente”. En ese sentido, señaló que están a la espera de que la Audiencia Nacional de España emita la sentencia y apruebe la entrega del exmagistrado.
“Se resuelve este caso, sumado al que ya tenemos en última instancia, y la Justicia española tendría que ya ordenar la entrega del extraditable. Habiéndose llevado a cabo la vista de la causa, este pronunciamiento tendría que llevar máximo un periodo de dos meses, y luego de este periodo se tendría que emitir la sentencia”, explicó Pacheco durante la presentación del balance de gestión de la Procuraduría especializada en delitos de corrupción.
“Con eso esperamos que España ejecute la entrega, sin embargo, todavía quedaría un pedido de súplica que demoraría otro par de meses. El pedido tendría que hacerlo el extraditable, pero ante la evidencia y la denegatoria de la Justicia española de que no es ningún perseguido, le sugiero que se allane y de una vez deje de robar gastos al Estado peruano, y que se encuentre acá y afronte los procesos”, agregó.
El procurador público Javier Pacheco presentó el balance de gestión de la Procuraduría especializada en delitos de corrupción durante el 2021 desde el auditorio del Ministerio de Justicia. El funcionario señaló que la institución maneja 52.900 casos. Asimismo, resaltó el cobro de más de seis millones de soles por concepto de reparación civil.
Además, mencionó que se realizaron 476 medidas cautelares, de las cuales solo se concedieron 172, frente a las 307 medidas cautelares (108 aceptadas) gestionadas en el 2007. En ese sentido, manifestó que esto se debe a una ralentización de la tramitación de estos procesos en el Poder Judicial por la falta de las resoluciones que garanticen el posterior pago de reparaciones civiles.
Por otro lado, Javier Pacheco destacó el informe especial sobre los delitos de peculado que habrían cometido algunas municipalidades durante la emergencia sanitaria por el avance del nuevo coronavirus. Al respecto, comentó que, de un total de 7.503 adquisiciones directas del Estado, se realizó un gasto de 5.049 millones de soles.
Del mismo modo, detalló que se generaron 1400 procesos investigativos referidos solamente a la COVID-19, la mayoría por peculado. Manifestó que los casos responden a presuntos malos manejos de las municipalidades que tuvieron a su cargo entregar los recursos destinados por el Estado para las personas que no tenían la capacidad de subsistir en este periodo de pandemia.
“Lamentablemente esto no se dio así, estos malos funcionarios se apropiaron de estos bienes, lo cual nos ha generado la comisión del delito de 638 casos, de los 1400″, informó.