El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuestionó el proyecto presentado por el Congreso que modifica los artículos 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (LDPCC). En esta autógrafa, ya observada por el Ejecutivo, se establece que en caso de referéndum de reforma constitucional, sea el presidente de la República quien convoque al proceso, por disposición del Parlamento.
De acuerdo al pronunciamiento del máximo órgano electoral la convocatoria a todo referéndum, incluida la de la reforma constitucional, debe seguir siendo potestad de esta institución.
El abogado constitucionalista Omar Cairo detalló que el JNE es la única institución del Estado que tiene permitido impartir justicia en materia electoral. Agregó que el Tribunal Constitucional (TC) puede anular una resolución de este organismo solo si se afecta el debido proceso de los comicios.
“El Tribunal Constitucional no está para revisar los criterios que tengan el jurado”, recalcó.
Durante la entrevista realizada por Epicentro TV, los conductores recordaron que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) vendió un kit para recolectar firmas a favor de una asamblea constituyente, por lo que el pronunciamiento del JNE difiere con los actos de la institución dirigida por Piero Corvetto.
El abogado constitucionalista explicó que existen tres órganos electorales con competencias diferentes: Reniec, Onpe y el JNE, siendo este último la máxima institución de justicia electoral.
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“La Onpe cometió un error gravísimo al vender ese kit (...) Onpe hace una labor administrativa y la puede hacer bien o mal”, acotó.
Según Cairo, el error cometido por la Onpe recaerá sobre el JNE, el cual deberá negarse a convocar a una asamblea constituyente tras la recolección de firmas amparado en el artículo 206 de la Constitución.
Por su parte, consideró que el pronunciamiento oficial del JNE trae un poco de tranquilidad a todas aquellas personas que realizan actividades empresariales en el Perú.
Luego de que el Congreso de la República haya realizado cambios en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 sobre derechos de participación y control ciudadano en el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, el presidente Pedro Castillo y la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, enviaron un oficio a María del Carmen Alva para observar la mencionada autógrafa de ley.
En la misiva se precisa que esta “restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución” y que se “vulnera principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional para ejercer el derecho a referéndum.