En estos momentos se realiza la audiencia de apelación de detención preliminar contra Elmer Cáceres Llica, gobernador de Arequipa y otras 14 personas implicadas en el caso Los Hijos del Cóndor. La fiscal superior, Rosario Lozada Sotomayor, explicó, ante la Sala Penal de Apelaciones, que el gobernador regional es investigado por los delitos de organización criminal y cohecho activo genérico. Esto debido a que ofreció y prometió beneficios a varios de los integrantes del Consejo Regional a fin de salir favorecido.
“La justicia tarda pero llega, no hay nada oculto bajo el sol, siempre hay alguien que quiere ayudar a la justicia”, fue la primera frase emitida por la fiscal Lozada antes de explicar los delitos atribuidos a cada investigado en el caso Los Hijos del Cóndor.
Para el Ministerio Público, el delito de cohecho se lo atribuyen a Cáceres porque durante los años 2019, 2020 y 2021, ofreció y prometió a los consejeros regionales beneficios de manera directa o indirecta, a fin de que lo favorezcan aprobando sus iniciativas, no interpelándolo y no investigando a sus funcionarios de confianza.
De los hechos señalados, la Fiscalía tendría pruebas sobre el ofrecimiento de dinero, puestos de trabajo en obras y entrega de terrenos en tres asociaciones de manera directa. Las dádivas eran entregadas a siete miembros del Consejo Regional para que votaran a favor de no interpelar a sus funcionarios de confianza que eran cuestionados por alguna situación. De igual manera, para que ayuden a colocar a personal de confianza en puestos clave, por ejemplo, en el directorio de Sedapar a Javier Rospigliosi y como gerente general a Richard Calvo.
También, señala que el traspaso de bienes de Autodema a asociaciones particulares era conveniente para el gobernador, debido a que él iba a obtener terrenos en esos lugares y también entregarlos a consejeros a través de testaferros.
Finalmente, Lozada Sotomayor, señaló que Elmer Cáceres Llica es el líder de la organización criminal, quien la dirige y supervisa, ya que como gobernador tenía directamente la administración y ejecución del presupuesto participativo que era aprobado por el Consejo Regional.