Defensoría califica de “constitucionalmente cuestionable” cuarta legislatura

La Defensoría del Pueblo sostuvo mediante un comunicado en su portal institucional que incorporar una cuarta legislatura parlamentaria para el período 2020-2021, tal como se ha propuesto en el Congreso para revisar temas como el retorno a la bicameralidad y la modificación de la cuestión de confianza, implicaría “un quiebre del principio de rigidez constitucional”.

Asimismo, recalcó la importancia de la Constitución e indicó los motivos por los que debería ser respetada.

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“Como Defensoría del Pueblo recordamos que la Constitución es un estatuto de control del poder y es la norma depositaria de los valores y principios supremos que nuestra sociedad estima fundamentales. Posee, con base en lo expresado, una vocación de permanencia e inmutabilidad en el tiempo que debe ser respetada por los poderes constituidos, empezando por el propio Parlamento. De este modo, a fin de garantizar su preservación, la propia carta ha fijado procedimientos reforzados para la modificación de sus disposiciones, ello como expresión del principio de rigidez constitucional”, dice en el documento.

El órgano constitucional autónomo mencionó que para modificar la carta magna se debe aprobar en dos legislaturas ordinarias consecutivas. Esto para que cualquier cambio se realice en un contexto de reflexión y debate. Además, puso énfasis en los límites del Legislativo.

“Conviene recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado que no existen zonas exentas de control, ni carentes de límites. En ese sentido, el Congreso debe comprender que el acto legislativo, del que es titular, también posee límites, más aún cuando se refiere a la modificación del texto constitucional”.

Defensoría del Pueblo no condenó el hecho de efectuar reformas, sino que afirmó que es necesario previamente una amplia y robusta deliberación.

Finalmente, cuestionaron que “el Pleno del Congreso incorpore una cuarta legislatura para así introducir reformas adicionales a la Constitución”, ya que sentaría un precedente peligroso que podría desnaturalizarse a futuro, y exhortaron al Parlamento a no aprobar esta moción y reflexionar “sobre el deber que tienen de respetar los mecanismos regulares”.

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