La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público ha abierto el último 4 de mayo una nueva investigación contra José Domingo Pérez, quien dirige el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y otro grupo de acusados por lavado de activos, asociación ilícita y otros delitos.
Según pudo conocer La República, este nuevo proceso se ha iniciado a raíz de una queja presentada por Carmela Paucara Paxi, exsecretaria personal de Keiko Fujimori Higuchi.
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Los cuestionamientos de Paucará hacia el fiscal Domingo Pérez se resumen en presuntas “infracciones administrativas”, irregularidades en la carpeta fiscal, así como el no haberse cumplido con tomar las declaraciones de cuatro testigos el 11 de marzo pasado, el día en que el fiscal presentó su acusación ante el juez Víctor Zúñiga Urday.
“El órgano contralor, al analizar la fundamentación fáctica que ha sido detallada y a fin de verificar los indicios y/o presupuestos relatados con el objeto de comprobar la existencia de presuntas faltas disciplinarias en el ejercicio de la función fiscal, considera necesaria la apertura de indagación preliminar respectiva contra José Domingo Pérez Gómez”, señala el documento al que accedió este diario.
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Control Interno ha otorgado en este sentido cinco días hábiles para recibir los descargos del fiscal Domingo Pérez. Al mismo tiempo, ha dispuesto acumular esta investigación a otra cuyos fundamentos son los mismos y se abrió por pedido de Fuerza Popular.
Cabe precisar que el abogado de Carmela Paucará y Fuerza Popular es el mismo, Elio Riera, quien se limitó a decir a este diario: “Esperaremos el pronunciamiento final de Control Interno. No daremos mayor declaración por el momento”.
El motivo de esta acumulación de ambas investigaciones, según señala en su resolución la fiscal superior Silvana Rejas, adjunta de Control Interno, es para evitar duplicidades y decisiones contradictorias por un mismo contenido.
Keiko Fujimori podría enfrentar una pena de más de 30 años en la cárcel tras la acusación presentada por la Fiscalía en marzo. También enfrentarían una misma sanción el “núcleo duro” de la presunta organización criminal: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa, acorde a la acusación del fiscal Pérez.
Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del USD1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazona también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.
El resto de sanciones pedidas contra los imputados oscilan entre los 6 y 22 años de prisión. En el caso de las personas jurídicas (el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC), la Fiscalía optó por la disolucion y consecuente liquidación, como se requirió anteriormente en otro caso contra el Partido Nacionalista Peruano.
Los delitos contemplados contra los 42 acusados en total son: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procesos administrativos.
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