
El fiscal Reynaldo Abia requirió la declaración del presidente Martín Vizcarra y de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, sobre la compra de las pruebas rápidas para el Covid-19.
Según ha trascendido, el fiscal quiere saber de qué se trató y qué acuerdos se pudieron tomar, en abril, en una reunión que el Gobierno habría tenido con proveedores de pruebas rápidas.
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Fuentes del Gobierno indican que el único objetivo de esa reunión era tener información real sobre la capacidad y tiempo de abastecimiento de un producto que era escaso, a nivel mundial, en ese momento inicial de la pandemia.
Había una gran presión para tener un producto de diagnóstico del Covid-19, además, se necesitaba saber qué había en el mercado para otorgar los recursos necesarios. Ni el presidente ni el MEF intervienen en las compras que están a cargo de una entidad especializada, a partir del pedido del área usuaria.
Una vez recibida la citación, de acuerdo con la ley, el presidente Vizcarra y la titular de Economía pueden escoger la fecha, hora y el lugar donde van a declarar.
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