Ordenan incautar más de S/ 30 millones en acciones de Hernando Graña por el caso Odebrecht

El juez Santos Benites Burgos aprobó incautar, el último 24 de agosto, más de S/30 millones en acciones de Graña y Montero que poseían los exapoderados de esta empresa, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey. Ambos acusados de estar al tanto de las coimas que entregó Odebrecht a cambio de la adjudicacion de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

Acorde a la resolución que tuvo acceso este diario, el juez Benites aprobó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se ejecute la medida y, en consecuencia, se notifique de ello al Banco de Crédito del Perú (BCP) y a CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones del Perú).

La base del pedido de incautación se cifra en una sospecha de blanqueo de dinero supuestamente originada el 1 de junio de 2011. Fecha en la que, tanto Graña Acuña como Ferraro Rey, eran apoderados de G y M. Durante la sesión de accionistas del consorcio CONIRSA (que agrupó a las empresas Odebrecht, GyM, ICCGSA y JJC) decidieron tanto Graña como Ferraro “ceder parte de las utilidades de su representada en favor de las empresas del grupo Odebrecht” por S/11 millones y S/5 millones, respectivamente.

En aquella ocasión participó, además, en la junta el ahora colaborador eficaz del Equipo Especial Lava Jato, Jorge Barata. La fiscalía sostuvo así que dichas sesiones “constituyen actos de conversión propios de lavado de activos en tanto se desplazaron desde Graña y Montero hasta Odebrecht dinero proveniente del delito de colusión y de pago de comisiones ilícitas que fueron cedidas bajo el disfraz de riegos adicionales o mayores riesgos”.

Además, según un informe pericial, se halló que en total se dieron dividendos de S/41 millones por la Interoceánica Sur a Odebrecht. El concepto por ello fue atribuido a “riesgos adicionales”.

El pedido inicial de incautación de las acciones valorizadas en más de S/30 millones contra exdirigentes de GyM fue hecho por el fiscal Hamilton Castro durante abril de 2018, tal como figura en la resolución.

Actualmente, con la investigación concluida por la Interoceánica, existe una acusación donde se ha pedido 20 años y 6 meses de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo.

Hay otros ocho acusados entre los que resaltan precisamente Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferrera Rey, para quienes el fiscal José Domingo Pérez ha pedido contra ellos 11 años y 6 meses de cárcel efectiva.

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