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Política

Edgar Alarcón, de contralor destituido por el Congreso a fiscalizador

El parlamentario de Unión por el Perú preside la comisión de Fiscalización, grupo de trabajo que recibió facultades especiales para investigar el caso Richard Swing.

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Edgar Alarcón dirigió la Contraloría General de la República entre junio del 2016 y julio del 2017. Composición: Fabrizio Oviedo / La República

El último jueves 4 de junio, el Pleno del Congreso, con una votación unánime de 128 legisladores, aprobó dar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización para que indague sobre los nueve contratos que firmó el cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, con el Ministerio de Cultura.

Aquel día, durante el debate de la admisión del requerimiento de Fiscalización, el legislador Lenin Checco, vocero de la bancada de Frente Amplio, cuestionó que el presidente del grupo de trabajo solicitante era un personaje involucrado en diversas presuntas irregularidades y que, a su consideración, “no tiene las condiciones éticas y legales” para investigar. Se refería a Edgar Arnold Alarcón Tejada.

Alarcón, quien es integrante de la bancada de Unión por el Perú, llegó al nuevo Parlamento como el candidato en Arequipa con mayor votación, tras recibir el respaldo de 46.673 ciudadanos en las urnas.

El 9 de junio del 2016 fue designado en el cargo de contralor general de la República por un periodo de siete años, el mismo que debió concluir el 8 de junio de 2023. La razón por la que su designación no cumplió con el tiempo establecido es la misma por la que Frente Amplio expresó su oposición a que sea él quien presida la investigación del caso Swing: las investigaciones en su contra.

“Nosotros estamos a favor de que cualquier acto irregular pueda ser investigado. En lo que estamos en contra es sobre quién investiga. El señor Alarcón tiene investigaciones pendientes en la Fiscalía. ¿Qué idoneidad podría tener alguien que está a punto de ser procesado? No estamos en contra de la moción, sino de quién la pide", declaró Checco a La República minutos antes de que el Pleno otorgara las facultades a Fiscalización.

Investigaciones en contra de Edgar Alarcón

A finales de mayo del 2017, los entonces congresistas Javier Velásquez, Carlos Bruce y Gloria Montenegro presentaron tres diferentes pedidos en los que solicitaban la remoción de Edgar Alarcón del cargo de contralor general de la República, y que, a raíz de ello, se creó un grupo de trabajo para la elaboración de un informe que recoja esos requerimientos. Marco Arana dirigió esta comisión.

Luego de tres semanas, el mencionado grupo de trabajo tenía listo su informe, el cual recomendaba la destitución de Edgar Alarcón por cuatro faltas graves a la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Y es en este contexto que, el 3 de julio de ese año, con 22 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la Comisión Permanente aprobó el informe de Arana y se destituyó a Alarcón de la Contraloría.

Las cuatro faltas graves que halló la comisión que dirigió Marco Arana fueron las siguientes:

- Se determinó que Edgar Alarcón, cuando era vicecontralor, compró 90 vehículos para un negocio de compra-venta, hecho con el que infringió un artículo de la Ley 27785, que le impedía tener actividades con fines lucrativos. El auditor Walter Grados indicó para la investigación que el dinero obtenido no fue declarado.

A raíz de ello, en julio del año pasado, la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, formalizó una investigación preparatoria contra Alarcón por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de enriquecimiento ilícito, luego de que se detectara un desbalance patrimonial por casi tres millones de soles.

- El segundo punto que señala el referido informe es el sometimiento de Alarcón al auditor Walter Grados. En el documento se menciona el audio en el que se escucha al entonces contralor sugerir al auditor que retire la denuncia que presentó ante el Congreso por la compra de vehículos.

Parte del informe.

- El informe indica que Alarcón habría favorecido a Marcela Mejía Franco, su pareja sentimental, quien fue tesorera de la Contraloría. Ella recibió como liquidación 127.000 soles, y luego fue contratada por la Oficina de Control Institucional en la Municipalidad de La Molina.

- El último punto señala que el excontralor incurrió en falta grave al omitir la presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

A raíz de las presuntas irregularidades halladas durante su paso por la Contraloría, el Ministerio Público abrió hasta seis investigaciones en contra del congresista.

La más reciente señala que Alarcón, cuando fue gerente central de Operaciones de la Contraloría, habría gastado casi 9.000 soles de la caja chica de ese órgano contralor.

Respuesta de Alarcón por pedido de Fiscalización

Debido a los cuestionamientos de la bancada de Frente Amplio, Edgar Alarcón precisó que la solicitud de facultades para investigar el caso Richard Swing no era promovida solo por él, sino que los 19 integrantes de la Comisión de Fiscalización, por unanimidad, también se expresaron a favor de elevar el requerimiento al Pleno.

“Si yo he ingresado al Congreso es para trabajar. Los temas que tengo pendiente, los procesos de investigación, están en proceso. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón. Así como no he tenido ninguna limitación para llegar a ser congresista, no tengo ninguna limitación para ejercer mi función ahora dentro de la Comisión de Fiscalización. Lo único que estoy ofreciendo al país, y lo ofrecí durante mi campaña, es demostrar mi trabajo con honestidad y transparencia. Todo lo que haga será siempre documentado”, manifestó.

Dato:

- En 2016, en medio de cuestionamientos en contra de la entonces presidenta del Congreso, Luz Salgado, por la compra de 980 computadoras sin licitación por cinco millones de soles, Edgar Alarcón, quien ocupaba el cargo de contralor general, calificó a la crítica contra la fujimorista como “ruido”.

- En junio del 2017, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) declaró como “fraudulento” el título profesional de Edgar Alarcón que obtuvo en el 2000. Sin embargo, no se aplicó sanción alguna debido a que el caso prescribió.

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