El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, manifestó este martes que las medidas que su sector promueve para reducir el hacinamiento en las cárceles ante la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) no arriesgan la seguridad ciudadana.
En declaraciones para Exitosa, el integrante del Gabinete Ministerial destacó la publicación del Decreto Legislativo 1459, dispositivo que permite facilitar el procedimiento para que quienes estén presos por pagos alimenticios puedan salir en libertad solo con la cancelación de la deuda.
No obstante, Castañeda comentó que la liberación de reclusos no significa beneficiar de algún modo a quienes paguen condenas por delitos graves, como el robo agravado, delitos sexuales, homicidios o feminicidios.
“Mucho se habla, liberemos a la mayor cantidad de presos, bueno comento que ningún país del mundo libera a presos por delitos graves. [...] Eso no va a ocurrir, ni siquiera los organismos internacionales recomiendan liberar presos de alta peligrosidad o delitos graves”, expresó.
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Bajo ese contexto, el ministro detalló que en el sistema penitenciario se encuentran más de 16.000 personas con condenas por robo agravado, un promedio de 13.000 por delitos sexuales, más de 10.000 por tráfico agravado y casi 4.000 por homicidios o feminicidios.
Fernando Castañeda aprovechó la entrevista para indicar que en los penales también hay aproximadamente 35.000 procesados, internos sin sentencia, sobre quienes tiene competencia el Poder Judicial.
Sobre este último órgano mencionado, el ministro informó que envió un oficio a su titular, José Luis Lecaros, en el que le pide que los jueces actúen de oficio y se pueda reactivar los mecanismos pendientes de resolución.
Respecto a los contagios dentro del sistema carcelario, el ministro agregó que esta semana se realizarían 500 pruebas de descarte del nuevo coronavirus al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Añadió que requirió 13.000 exámenes de descarte para ese sector.