La situación de al menos 16 testigos que fueron citados por el fiscal Walter Villanueva Luicho, del Equipo Especial Lava Jato, para que declaren por presuntas irregularidades en la primera fase de trasvase del Proyecto Olmos, vinculadas a la empresa brasileña Odebrecht, ha variado a condición de investigados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Los testigos que han sido comprendidos como investigados son: la expresidenta regional Nery Saldarriaga de Kroll; el exgobernador regional y virtual congresista por Alianza Para el Progreso (APP), Humberto Acuña Peralta; los exgerentes generales del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), Pablo Enrique Salazar Torres y Francisco Gayoso Zevallos, en los períodos 2004-2010 y 2011-2014, respectivamente.
La decisión de ampliar investigación a los mencionados está contenida en la carpeta fiscal n.º 001-2018, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez.
En calidad de investigados también figuran el exgerente de Desarrollo Olmos del PEOT, Juan Saavedra Jiménez; y los exjefes de Asesoría Jurídica del PEOT, Luis Gonzales Vélez y Víctor Quijano Chávez.
También han sido incluidos en la investigación los exconsejeros regionales de la primera gestión de Humberto Acuña (2011-2014): Lázaro Villegas Agramonte, Miguel Bazán Zárate, Óscar Zeña Santamaría, Sara Moncarro Monja, Andrés Palma Gordillo, Ana Toro Gálvez y José Eneque Soraluz.
Además de Marty Llontop Samillán y Víctor Sánchez Correa, exjefes de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GRL en los períodos 2007-2010 y 2011-2014, respectivamente.
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A todos ellos la Fiscalía había citado a declarar los días 6 y 7 de este mes, a excepción de Enrique Salazar Torres, quien ayer fue detenido preliminarmente junto a Yehude Simon Munaro por vicios en el Proyecto Olmos, pero de la carpeta fiscal n.º 32-2019.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía interrogó a Acuña Peralta y a sus exfuncionarios por la auditoría de la Contraloría al contrato de concesión de la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase del Proyecto Olmos.
En dicho informe se concluyó que todos ellos tenían presunta responsabilidad penal debido a un perjuicio económico de 17 millones de dólares que se originó en la megaobra por la otorgación de ampliaciones sin sustento, pagos de mayores costos e inaplicación de penalidades a favor de Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) S.A., concesionaria de Odebrecht.
Este diario conversó con el exgobernador Humberto Acuña y el exgerente Juan Jiménez, quienes señalaron no haber sido notificados por la ampliación de investigación en su contra por el caso Lava Jato y Trasvase Olmos. Sin embargo, aclararon que se someterán a todos los procesos que requiera la justicia.
“Soy respetuoso de la justicia y colaboraré en lo que sea necesario. Yo no he recibido dinero irregular, por lo que estoy tranquilo”, dijo Acuña.