Los últimos días del Procurador Jorge Ramírez
Confusión. Exprocurador se reunió con los ministros de Justicia, Energía y Minas y Economía en busca de una negociación con Odebrecht. El costo de la negociación superaría los 2.000 millones de dólares.
Crónica. Los últimos días del abogado Jorge Ramírez en la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato estuvieron dedicados a buscar que la constructora brasileña Odebrecht no acuda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para reclamar por el cierre del Gasoducto del Sur.
Pero, por los testimonios que hemos podido recoger, se equivocó en los métodos para lograr este propósito. El tema del Gasoducto del Sur escapa al acuerdo de colaboración eficaz, pues este proyecto no forma parte de este convenio.
Diciembre
Además, dicen, Ramírez fue impreciso en comunicar su preocupación y lo que se necesitaba para evitar que Odebrecht acudiera al CIADI.
Esta historia comenzó cuando, en diciembre, el abogado de Odebrecht, Ricardo Weill, le comunicó al Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría ad hoc que recurriría al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para reclamar por su inversión en el proyecto gasífero del sur.
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Weill les explicó que este era un pedido de sus acreedores en Brasil y que el plazo para presentar la solicitud de arbitraje vencía en enero del 2020.
Es entonces cuando Ramírez se impone la tarea de evitar esa demanda. Esa no era su función, pero consideró que esa demanda ponía en riesgo el acuerdo de colaboración eficaz.
¿De qué manera si el Gasoducto del Sur no está incluido en el acuerdo de colaboración eficaz? Es una pregunta que Ramírez no supo explicar a los ministros con los que se reunió entre diciembre y enero.
Tratado internacional
Otro aspecto que no tuvo en cuenta en su vehemencia es que todo lo relativo al CIADI no se rige por las leyes peruanas o brasileñas, sino por el tratado de protección de inversiones entre Perú y Luxemburgo.
De allí que la solicitud de arbitraje haya sido planteada por la filial de Odebrecht Latinvest con sede en Bélgica. Es el tratado el que fija el plazo de tres años para solicitar el arbitraje, a partir de que surja la eventual controversia, en este caso el cierre del Gasoducto, que se realizó en enero del 2017.
Para enfrentar estos casos, desde el 2006, existe la Comisión Especial Multisectorial que representa al Estado en Controversias Internacionales.
Si Ramírez quería encontrar una solución debió recurrir a la Comisión Multisectorial, que es un organismo autónomo. La existencia de esta comisión es conocida por todas las empresas internacionales con inversiones en el Perú.
De hecho, Odebrecht ya había acudido a esta comisión el año 2017, sin llegar a ningún acuerdo.
Carrusel de errores
Ramírez decidió acudir a la ministra de justicia, Ana Revilla. Eso fue el 23 de diciembre. Ramírez le dijo a Revilla que había la posibilidad de ampliar el pago de la reparación civil una vez que se vendieran los tubos del Gasoducto del Sur, para lo que se debía destrabar la inversión.
La hoy exministra Revilla decidió comunicarlo con el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen. Ramírez se reunión con Liu Yonsen el 26 de diciembre. De vuelta, al no quedar clara su explicación, según se nos dijo, el ministro plantea la reunión con los representantes de Odebrecht.
Es así como se da la reunión del 9 de enero. El ministro Liu Yonsen recibe a Ramírez y los directivos de Odebrecht: Rogeiro Bautista, Mauricio Cruz, Ricardo Weill y Ricardo Escobar.
Al titular del Minem le explicaron que se requería ampliar el plazo para que Odebrecht recurriera al CIADI, mientras se buscaba una solución negociada. Entonces, Liu Yonsen los deriva a la Comisión Multisectorial, la única entidad estatal competente para ver estos casos.
Adicionalmente, el titular del Minem llamó a la ministra María Antonieta Alva para contarle las inquietudes del procurador y la necesidad de ampliar un plazo sobre el Gasoducto.
Llamada de atención
Alva recordó que el 31 de diciembre y el 6 de enero, Ramírez le había pedido una reunión, por lo que decide citarlo para esa misma tarde.
Jorge Ramírez le contó que el acuerdo de colaboración eficaz estaba en peligro, que el ministro Liu estaba interesado en relanzar el Gasoducto y que debía firmar un documento a fin de ampliar el plazo para que Odebrecht pudiera demandar al Perú ante el CIADI. El exprocurador intentó que la titular del MEF reciba el documento redactado por Odebrecht.
¿Por qué el Perú tenía que darle más plazo a Odebrecht para que demande al país ante el CIADI? ¿Cuál es la base legal para que la ministra de Economía amplíe el plazo para la demanda?
Ramírez no tenía respuesta. Le contestaron que ese era un tema para la Comisión Multisectorial. Luego de despedirse, Alva se quejó ante Liu y el premier Vicente Zeballos por la visita y actitud de Ramírez. Días después, el presidente de esta comisión, Ricardo Ampuero, se reunió con Ramírez y el fiscal Rafael Vela.
La posibilidad de una negociación con Odebrecht supondría indemnizar a la constructora brasileña por el cierre del Gasoducto o comprarle los tubos ya instalados. La cifra mínima en ambos casos superaría los 2.000 millones de dólares.
La demanda de arbitraje ante el CIADI podría ahorrarnos pagar ese monto.
Las reuniones del procurador
JUEZA MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ CAMACHO 2018
23-12-2019: Procurador Jorge Ramírez comunica a ministra de Justicia, Ana Revilla, que Odebrecht acudirá al CIADI si no hay una salida negociada. Revilla lo deriva al Minem.
26-12-2019: Primera reunión del procurador Jorge Ramírez y el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen. Acuerdan una reunión con Odebrecht.
31-12-2019: Procurador Jorge Ramírez pide una cita al MEF para tratar un tema del Gasoducto. El 6 de enero volvió a pedir una reunión, sin ser claro en los motivos.
09-01-2020: El ministro de Energía y Minas, Liu Yonsen, se reúne con el procurador y los representantes de Odebrecht. En la tarde, Ramírez acude al MEF.
21-01-2020: La filial Odebrecht Latinvest presenta una solicitud de arbitraje al CIADI. Reclama unos 1.200 millones de dólares.
1.980 millones de dólares sería el valor que Odebrecht y Enagás calculan para los tubos ya instalados en el proyecto del Gasoducto del Sur. Una negociación supondría reconocer ese valor.
