Elección del nuevo procurador general sin transparencia genera dudas
Divididos. Un sector considera que debió ser más clara su designación, tal como el Ejecutivo demandó al Congreso con el caso del TC. Otro, remarca que el presidente solo cumplió la norma.
Opiniones encontradas ha tenido la designación del procurador general Daniel Soria Luján, hecho público el lunes por el presidente de la República, Martín Vizcarra.
Uno de los motivos que ensombrecen su nombramiento es que se haya realizado sin la transparencia que el mandatario demandó al Congreso para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero, además, se ha puesto en duda si cumple con los requisitos fijados en el Decreto Legislativo N° 1306 que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, señala que si bien el artículo 18 de esta norma faculta al jefe del Estado a designar al procurador general a propuesta del ministro de Justicia, nada le impide hacer pública la candidatura que cuente con el mayor respaldo ciudadano.
“Debió ser más transparente el procedimiento de nombramiento del procurador general, a fin de que la sociedad civil tenga la seguridad de su idoneidad”, refirió. Recordó que el 30 de setiembre pasado Vizcarra disolvió el Parlamento porque los congresistas le negaron la cuestión de confianza para que sea más diáfana la elección de los nuevos magistrados del TC.
Añadió que para garantizar su independencia, debió esperarse a que la norma se modifique y que el procurador general sea elegido por concurso público. “Se dijo que la Procuraduría Anticorrupción debía ser independiente, sin intromisión del poder político, para que pueda denunciar a los altos funcionarios públicos, incluido el presidente. Por eso el actual procurador anticorrupción, Amado Enco, fue nombrado por concurso público, pero ahora el procurador general es designado por el mandatario”, cuestionó.
Y es que precisamente el reglamento de esta norma, publicado en noviembre del año pasado, indica que solo el procurador general podrá denunciar a los altos funcionarios públicos. Como se recuerda, Enco ha denunciado a Vizcarra por su gestión en el Ministerio de Transportes en el caso Chinchero, así como al excongresista oficialista Carlos Bruce por haber pedido seguridad policial para la inauguración de su restaurante, y más recientemente al actual ministro de Transportes, Edmer Trujillo, por pagos irregulares en la construcción del Hospital de Moquegua, cuando el actual mandatario era gobernador regional.
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No se sabe qué pasará con estas denuncias. Si se mantendrán en la Procuraduría Anticorrupción y las pedirá Soria Luján.
Quispe recordó que los anteriores procuradores anticorrupción fueron funcionarios de confianza del gobierno de turno y no se conoce que hayan denunciado a algún alto funcionario del régimen que los nombró.
Requisito exigido
El artículo 15 de esta norma establece que el procurador general debe contar con trayectoria en la defensa jurídica del Estado. Y en el curriculum de Soria Luján se consigna que es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que fue comisionado de la Defensoría del Pueblo entre 1998 y el 2002, pero no se indica su trayectoria en la defensa jurídica del Estado.
El constitucionalista Samuel Abad resalta que el nuevo procurador general estuvo en la Defensoría del Pueblo en la etapa más difícil, en que se defendió el Estado de derecho durante el gobierno fujimorista.
Explicó que desde allí Soria Luján ha tenido experiencia jurídica en la defensa del Estado de derecho.
“El argumento de algunos que dicen que no cumple el requisito legal, no procede, pues sería exigir como requisito haber sido antes procurador. Este puesto no es un escalón para que asciendan los procuradores”, refirió.
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Comentó que el procurador general participó en varias acciones de inconstitucionalidad contra la ley de Justicia Militar, y en la elaboración de informes sobre libertad de expresión, ha ido como peritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Baruch Ivcher, por la expropiación del canal 2, entre otros.
Opiniones
Samuel Abad - Constitucionalista: “El Perú es un Estado de derecho y tener trayectoria jurídica en la defensa del Estado implica que es del Estado de derecho. El doctor Soria la ha tenido desde la Defensoría del Pueblo”.
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Juan José Quispe - Abogado IDL: “Si el reglamento dado posterior al decreto legislativo no deja sin efecto los requisitos que se exigen para el cargo de procurador general, debe dejarse sin efecto la resolución que lo nombra”.
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