Una hora y media duró la audiencia de informes orales realizada en el 15 Juzgado Penal de Lima para ventilar la denuncia sobre difamación agravada entablada por el empresario Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Óscar Castilla Cáceres, director ejecutivo de Ojo Público, y Edmundo Cruz Vílchez, de La República.
Se trata de la denuncia más grave entre las cuatro que sobre el supuesto delito logró abrir el denunciante en tribunales distintos. Incluye el embargo preventivo de bienes de los acusados y una reparación civil de 100 millones de dólares.
Los informes publicados en La República y Ojo Público, en mayo del 2016, revelaron que Arévalo Ramírez era investigado por presunto delito de tráfico ilícito de drogas. El empresario negó el hecho y denunció.
La DEA (Administración para el Control de Drogas de los EEUU) empezó a seguirle los pasos el año 2006, y a partir del 2012 un equipo especializado de la Policía Antidrogas del Perú (DIRANDRO) se adhirió al operativo de carácter reservado.
No hubo difamación
En la audiencia de hoy, Carlos Rivera Paz y Ronald Gamarra Herrera, abogados de los periodistas, sustentaron la inconsistencia de la acusación en dos documentos básicos.
Uno, la causa iniciada formalmente por el Ministerio Público y la Dirandro contra el empresario por transportar drogas para mafias internacionales y financiar a Sendero Luminoso en el Alto Huallaga desde mediados de los años 80.
Dos, la resolución del Quinto Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres, de la Corte Superior de Lima, del 30 de octubre último, que absolvió a los periodistas del delito de difamación agravada que se les imputaba.
Actitud censurable
Gabriel Alejandría, abogado defensor de Miguel Arévalo, intentó sostener que los informes materia de las denuncias eran hechos diferentes. Dijo que uno fue lo publicado en La República, y algo distinto lo difundido por Ojo Público, ignorando que se trató de informes iguales, de los mismos autores.
Por último, perdió la cordura y recurrió al insulto. El abogado Alejandría acusó a sus colegas Carlos Rivera y Ronald Gamara de manipular a las autoridades judiciales.
El juez Mario Reluz Gonzales recibirá de inmediato los informes ampliatorios de la defensa de los periodistas y dictará sentencia.
Salió del país. El empresario Miguel Arévalo Ramírez ,de 55 años, no asistió a la audiencia oral de ayer. De acuerdo a su registro migratorio, viajó a Colombia el 6 de diciembre último por el puesto de control fronterizo Santa Rosa, en Iquitos. Usó un medio de transporte fluvial.