La revelación de la tercera semana de octubre fue la confesión de Luis Nava, exsecretario presidencial durante el mandato de Alan García, en el que detalló que Jorge Barta, exCEO de Odebrecht en Perú, entregaba loncheras y malestas llenas de dinero al fallecido líder aprista.
También el Tribunal Constitucional tuvo protagonismo luego de rechazar la incorporación del primo de Pedro Olaechea y de iniciar el proceso para evaluar la admisión de la demanda competencial contra la disolución del Congreso.
Luis Nava Guibert declaró al fiscal José Domingo Pérez sobre los sobornos que Odebrecht le pagó directamente al expresidente Alan García, para que lo favorezca en los gastos del partido como personales.
En su confesión del 25 de setiembre, el exsecretario presidencial describió que Jorge Barata entregaba aportes ilícitos en loncheras y malestas al líder aprista. Además, detalló que el dinero de las coimas se transfirió a cuentas en el extranjero y se gastó en la adquisición de inmuebles o en fiestas de cumpleaños.
Nava tras su testimonio, el Poder Judicial aprobó el cese de su prisión preventiva y se le impuso su arresto domiciliario. Los familiares de García Pérez calificaron las acusaciones como mentiras.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, como integrante de la institución. Sostuvieron que el proceso debía culminar en el Congreso.
Además, designaron a Carlos Ramos como el ponente para la demanda competencial que presentó el titular de la Comisión Permanente contra el Poder Ejecutivo para dejar sin efectos la disolución del Parlamento. El magisyrado se pronunciará el martes 29 de octubre y se evaluará si el recurso se admite o no a trámite.
Luis Castañeda Lossio, exalcalde de la Municipalidad de Lima es acusado de haber recibido 1 millón de dólares de las empresas constructoras Odebrecht y OAS para su campaña en el 2014, con el objetivo de favorecerlas con megaobras.
Esta información maneja el Ministerio Público por lo que le concedieron su pedido de allanamiento a la vivienda del exburgomaestre, como también a la de José Luna Gálvez y a dos sedes de la universidad Telesup.
Tras la medida en la vivienda del excongresista, la Fiscalía incautó 300 000 soles dentro de un auto estacionado dentro de su casa.
La Comisión Permanente resolvió solicitar un informe legal externo de especialistas para justificar la reactivación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, medida que ha sido calificada como ilegal.
La iniciativa fue del fujimorista Mario Mantilla y tuvo la aprobación de la mayoría de los mimebros de la agrupación. Pedro Olaechea y los fujimoristas consideran que la subcomisión es intrínsica a la Comisión Permanente.
El exfiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry fue incluido en la investigación a la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por disposición de su colega Pablo Sánchez. La ampliación del caso también alcanzó al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza.
Tras esta medida, los presuntos miembros de la organización criminal, junto con Tomás Gálvez, decidieron en la Junta de Fiscales Supremos. separar a Pablo Sánchez del liderazgo del caso.
Sin embargo, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos lo ratificó argumentando que la Junta de Fiscales Supremos no tiene atribuciones para determinar la competencia de los fiscales, ni para reducir las facultades de su despacho para delegar sus facultades de investigación.
La Comisión de Venecia sostuvo que la Constitución del Perú “no establece ninguna limitación explícita con respecto a los problemas que puedan estar vinculados a una cuestión de confianza”.
Precisa que el presidente puede iniciar la reforma con la aprobación del Consejo de Ministros y luego “el Congreso debe ratificar los cambios” y que un proceso de reforma constitucional debe ser “aplicado de un modo abierto, transparente y democrático”.
Aunque calificó de “inusual” que se ligue la reforma constitucional con la cuestión de confianza. El jefe de Estado, Martín Vizcarra, indicó que
El excongresista Roberto Vieira tiene impedimento de salida del país por 9 meses en el marco de la investigación fiscal en su contra por presunto tráfico de influencias agravado. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema del Poder Judicial dictó la medida.
Vieira había dicho a su primo Guillermo Venegas que le pida 20 000 dólares –primero fueron 25 000– a otro familiar, Roberto Vieira Diestro, para gestionar el levantamiento de la sanción del Ministerio de la Producción a la embarcación ‘Ponce II’, del que el último era inversionista.
La República reveló que el fiscal José Domingo Pérez Gómez citó a declarar a los más importantes empresarios del país, en una nueva etapa de la investigación por los aportes de la Confiep a la campaña electoral de Keiko Fujimori el 2011 y el 2016.
Entre ellos están Dionisio Romero Paoletti, Roque Benavides Ganoza, Alfredo Luis Pérez Gubbins, Vito Rodríguez Rodríguez, José Graña Miro Quesada, Óscar Espinosa Bedoya, José Picasso Salinas, José Ignacio de Romaña, Roberto Ramallo Aldasaro, Andrés Von Wedemeyer Knigge, Gonzalo Andrade Nicoli, Ricardo Trovarelli Vecchio, Carlos Rodríguez Pastor, Alfredo Eduardo Pérez Gubbins, Mariela García Figari de Fabbri y Marco García Varas.