
Mónica Cuti
La Fiscalía Anticorrupción sustentó ayer ante el juez de investigación preparatoria, Jaime Coaguila, por qué se debe aceptar la acusación en que piden sentenciar por 10 años al exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, y sus exfuncionarios.
A Zegarra y su personal, se les acusa de favorecer a la empresa española G&R Arquitectos. A inicios de 2012, se le entregó la buena pro para elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) por más de un millón de soles. Los documentos servirían para ordenar el crecimiento de la ciudad.
De acuerdo a lo indicado por la fiscalía, existen más de 200 pruebas que comprobarían la responsabilidad de los investigados. Se tienen testigos, documentos, informes, entre otros.
Entre los investigados están Ángel Manrique (Asentamientos Humanos), Pedro Valdivia (Logística), Carlos Perea (exmiembro del comité ad hoc), Luis Begazo Burga (asesor jurídico), Carlos Moya (Desarrollo Urbano) y Raúl Gallegos (exsupervisor).
Todos habrían participado en la entrega de la buena pro al Consorcio G&R Arquitectos, representado por Juan Carlos García de los Reyes. Asimismo, habrían avalado la entrega del PAT y PDM, pese a que los documentos presentaban deficiencias.
En la audiencia, los abogados de los investigados intentaron que sus representados sean excluidos del proceso. Los pedidos no fueron aceptados por el juez Coaguila. La audiencia continuará el 29 de octubre.

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