Exprocurador Anticorrupción renunció al cargo hace siete meses. Actualmente está abocado a su firma de abogados y conferencias sobre temas anticorrupción., Mientras ejercía el cargo de procurador, Christian Salas se enteró de las investigaciones a empresas brasileñas por presuntos pagos de coimas para adjudicarse obras en países latinoamericanos; hoy que se conoce que funcionarios peruanos estarían implicados, señala cuáles serían las responsabilidades que afrontarían. El presidente de la constructora brasileña Odebrecht ha sido detenido por un caso de corrupción llamado “Lava Jato”. Habiendo Odebrecht ganado licitaciones de obras públicas en los gobiernos de Toledo, García y Humala, ¿cómo deberían actuar las autoridades peruanas? Nuestras autoridades deben investigar todas las obras en las que intervino Odebrecht para establecer si existieron irregularidades o si dicha constructora benefició de alguna forma a funcionarios peruanos. Esto último es lo que correctamente ha hecho la fiscalía. Hay otro caso ventilado en la justicia brasileña llamado “Castillo de Arena”, en el que se relacionó por presuntos actos de corrupción a la constructora Camargo Correa, que también hizo obras importantes en el Perú. Pero tenemos entendido que la justicia brasileña archivó todo. En efecto, la fiscalía brasileña investigó a Camargo Correa. Se allanaron oficinas, se incautaron documentos, se registraron comunicaciones y se detuvieron a varios directivos de la empresa. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló toda la investigación por el uso de pruebas ilícitas y archivó todo. En el expediente del caso “Castillo de Arena” se dice en Brasil que entre el material incautado a los funcionarios de Camargo y Correa existirían supuestos pagos a funcionarios del gobierno de Toledo y García. ¿Es relevante esa información? Hay muchos procesados en el Perú que están presos por casos similares. Por ejemplo, el ex gobernador de Cajamarca Gregorio Santos, cuyo nombre aparece en la libreta de un empresario en la que indica que hizo supuestos pagos a la autoridad. Normalmente las coimas no constan en transferencias interbancarias o en cheques, pues son huellas o pruebas, pero los delincuentes hacen registro de los sobornos que pagan a través de manuscritos o documentos muy privados. Los documentos de supuestos pagos de sobornos a funcionarios por Camargo Correa obtenidos durante la operación “Castillo de Arena”, ¿pueden servir como evidencia, no obstante que las autoridades brasileñas archivaron dicho caso? Nuestra legislación prohíbe el empleo de métodos ilegales para obtención de pruebas, como “chuponeos”, “videovigilancias”, correos electrónicos robados, etc. Por eso la justicia brasileña archivó las evidencias del caso “Castillo de Arena” porque contenía prueba ilícita. Ahora, lo que ha hecho la fiscalía peruana es abrir investigación, pero a partir de lo que ha informado la prensa sobre el caso “Castillo de Arena”. Las autoridades peruanas deben obtener su propia evidencia. No se pueden usar las pruebas invalidadas por Brasil. Marco de Moura Wanderley, ex funcionario de Camargo Correa, estuvo implicado en “Castillo de Arena”. Coincidentemente, el brasileño fue pareja de Rocío Calderón, ex funcionaria del Organismo de las Contrataciones del Estado-OSCE. Calderón es amiga de la pareja presidencial. ¿Son suficientes estos nexos para investigar a la primera dama, como han indicado algunos congresistas? Sería apresurado sindicar a la pareja presidencial en el tema. El solo hecho de que Marco de Moura haya mantenido una relación sentimental con Calderón, y que esta sea amiga de Nadine Heredia, no es un indicio incriminatorio por sí solo. Marco de Moura habría estado vinculado a empresas presuntamente involucradas en actos ilícitos, la indagación en el Perú tendría que determinar qué funcionarios o servidores públicos habrían participado en dichos actos. ¿Deben investigarse las aportaciones de las compañías brasileñas –actualmente investigadas por corrupción– en las campañas presidenciales y congresales del 2001, 2006 y 2011? En Brasil ese tipo de aportaciones se ha considerado como una modalidad de lavado de activos, así que ante la existencia de indicios de que esas empresas hicieron aportaciones a favor de Toledo, García y Humala –mediante consultorías, viajes, conferencias, o cualquier tipo de dádiva–, es de suma importancia investigar hasta las últimas consecuencias.
