Pese a que se percibe que ambos ex fiscales de la Nación comparten la misma culpa, el resultado del proceso disciplinario contra José Antonio Peláez puede ser distinto del que destituyó a Carlos Ramos.,Ricardo Uceda El Informante En las próximas semanas, el Consejo Nacional de la Magistratura evaluará si procede la destitución del ex fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales. Tiene sobre la mesa una de varias denuncias en su contra, que le atribuye irregularidades en la remoción de fiscales en Áncash. La hipótesis es que Peláez pretendía favorecer la gestión regional del encarcelado César Álvarez, cuantiosamente denunciado por corrupción ante el Ministerio Público del Santa. Son hechos y presunciones similares a los que produjeron la destitución de Carlos Ramos Heredia. Pero hay importantes diferencias. HECHOS SIMILARES En cierto modo son los mismos hechos. La destitución de Ramos fue por tramitar irregularmente una denuncia de Heriberto Benítez contra los cuatro fiscales que en 2011 allanaron La Centralita, el centro de presuntas actividades ilícitas de Álvarez. A Peláez se le acusa de haber destituido a estos fiscales. Además, Ramos fue responsabilizado por haber pretendido sancionar irregularmente a José Checa, un fiscal quejado por Álvarez. Propició la intervención de una de sus camionetas, en la que no se encontró un dinero buscado. A Peláez se le denunció por haber removido a Checa en el proceso iniciado por Ramos. Hasta aquí, Peláez concluye lo que Ramos inicia. En sus alegatos ante el CNM representando a Peláez, el constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que Peláez removió a los fiscales que allanaron La Centralita en virtud de un informe previo del fiscal decano, Hugo Farro, sobre presuntas irregularidades en la diligencia. Dijo que aún, tres años después, el Ministerio Público investiga una supuesta anomalía de esta (no entraron en la dirección exacta). Añadió que Peláez les perdió la confianza, atributo que basta, sin expresión de causa, para que un fiscal de la Nación remueva a un fiscal provisional. En cuanto a Checa, había sido sancionado previamente por Ramos, de Control Interno. Ambas medidas fueron de acuerdo a ley. HECHOS DIFERENTES El tercer cargo que intervino en la destitución de Ramos fue que no investigó, como encargado de Control Interno, al fiscal decano de Áncash, Hugo Farro, ahora procesado por haber sido el operador del blindaje a Álvarez desde el Ministerio Público de la región. A Peláez no se le acusa de esto. Pero sí de haber removido indebidamente a otros tres fiscales: Yeni Vilcatoma, Juan Toledo, y a la fiscal superior provincial Nancy Moreno. Existe evidencia de que tanto Vilcatoma como Toledo habían solicitado su cambio, de modo que Quiroga no tuvo mayor dificultad en desbaratar la acusación. En el caso de Moreno, el argumento de la defensa no resulta convincente. Moreno fue removida, según el alegato de Peláez, porque había manifestaciones públicas que la objetaban por una presunta actuación irregular en el caso de las desapariciones en el Santa perpetradas por el Grupo Colina. Sin embargo, era muy fácil comprobar que la acusación era una maniobra. Las manifestaciones en su contra eran promovidas por allegados a Álvarez que buscaban neutralizar el respaldo de Moreno a las investigaciones que merecía la autoridad regional. Así como Farro estaba visto como su protector, a Moreno se la percibía independiente. Por lo mismo fue objeto, junto con Vilcatoma y Toledo, de las agresiones del círculo de Álvarez. ¿ERA EL PROTECTOR? El aspecto de fondo del proceso a Peláez que figura en este expediente es la premisa de que desde su posición prominente encubría al presidente regional de Áncash. Más allá de que las remociones de fiscales estuvieran de acuerdo a ley, el CNM debe dilucidar si su actuación obedecía a esa lógica. Al respecto, la defensa del ex fiscal de la Nación ofrece varios hechos para negarlo. A Checa, por ejemplo, la Junta de Fiscales Supremos lo rehabilitó con el voto de Peláez. En 2014, Peláez opinó en contra de una propuesta de Ramos para que los fiscales allanadores fueran denunciados penalmente por abuso de autoridad. Estanislao Quispe, nombrado por Peláez como reemplazo de uno de los fiscales removidos, finalmente reactivó investigaciones contra Álvarez. Moreno, en fin, fue nombrada fiscal decana del Santa por Peláez en 2014. Cierto es que estos cambios se produjeron luego de la muerte de Ezequiel Nolasco, cuando la corrupción en Áncash —y la parcialidad de la fiscalía— eran inocultables. Pero mostraría que Peláez no calza completamente con el libreto que se le atribuye. Y que no es como Ramos: sabe dar marcha atrás. PROCESOS DIFERENTES La premisa de que hubo protección también está influida por hechos que no pertenecen al expediente que será visto de inmediato por el CNM. Están en otro expediente, en el que Peláez es acusado de no haber abierto, como correspondía, una investigación por enriquecimiento ilícito a César Álvarez. Para algunos, esta acusación es más grave que la de remoción de los fiscales, aunque se verá después. Su fundamentación tiene hechos incontrovertibles. No investigó profundamente los bienes de Álvarez en 2011, cuando debían esclarecerse excesivos depósitos bancarios hechos al chofer del gobernador, Abel Ramírez; ni en 2013, ante otra denuncia, cuando existían versiones verosímiles acerca de diezmos en las obras públicas. Hasta su muerte, en 2011, un hermano de Peláez era abogado de Álvarez, un dato significativo acerca del entorno del magistrado. La Junta de Fiscales Supremos lo habilitó —había pedido abstenerse— luego de este fallecimiento, para ver procesos contra el gobernador regional, pero lo que hizo a continuación fue archivar una investigación. Su defensa tendrá que emplear recursos mágicos para demostrar que fue diligente ante los procesos penales que Álvarez afrontaba por presunta corrupción. Es una de las cinco investigaciones preliminares que el CNM le ha abierto a Peláez, además del caso de la remoción de fiscales. EL CNM INCIERTO Causas ajenas a los hechos que se investigan, sin embargo, podrían deparar al ex fiscal de la Nación una suerte distinta de la de su sucesor. Una es que no se logren en el pleno del CNM los cuatro votos necesarios para destituirlo. Podrían votar a favor Gonzalo García y Pablo Talavera. Los consejeros Luz Marina Guzmán y Máximo Herrera —afines a los investigados del Ministerio Público— votarán en contra. Faltarían dos de los votos de los tres nuevos consejeros: Iván Noguera, Aquiles Grados y Orlando Velásquez. La orientación de ellos está por confirmarse. Otro escenario es que la votación en el pleno del CNM sobre Peláez se postergue hasta tal punto que exceda el 19 de julio, cuando dejan de ser consejeros García Núñez y Guzmán. Es una incógnita la intención de voto de sus reemplazantes, quienes por estos días son elegidos por colegios profesionales de poca representatividad. Es muy fácil dilatar los procesos. Ahora mismo, por ejemplo, la consejera Marina Guzmán demora la entrega de su voto en minoría sobre los casos por los que fue procesado Ramos Heredia. Esto retrasa la apelación anunciada, las diligencias posteriores vinculadas a esta, y pospone el plan de trabajo del CNM. Peláez mismo puede presentar varios recursos, con razón o sin ella, los cuales requieren tiempo de atención, para que se respeten sus derechos. De cualquier manera, si salva la cabeza este año, debe afrontar el próximo cualquiera de los procesos pendientes. Pero Peláez pasa al retiro por límite de edad a mediados del 2016. Tal vez la destitución ya no tenga una segunda oportunidad.
