"Hay que discutir con todos los actores un Plan energético vinculante (subrayado) de mediano y largo plazo, que raye la cancha para las inversiones en el sector".,El resultado del referéndum es un triunfo del actual gobierno y, sobretodo, del Presidente Martín Vizcarra. Asistimos a una derrota del fujimorismo y del aprismo, que se opusieron al referéndum con argumentos directos e indirectos. Estamos frente a un nuevo gobierno, que ya no depende solo de la votación presidencial del 2016, sino de una nueva voluntad popular mayoritaria. Por tanto, ya no hay el “respaldo masivo” al programa neoliberal de Keiko y PPK. Apuntemos, además, que eso no existió, pues, de un lado, el programa de Keiko era populista y, de otro, PPK triunfó por un voto “anti Keiko” y no por su programa. De otro lado, uno de los ejes del gobierno seguramente será continuar la lucha contra la corrupción. Como si los astros se alinearan, se ha firmado el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, lo que permitirá que se sepa toda la verdad sobre la corrupción. Habrá también nuevas pruebas acerca de las empresas “consorciadas” con Odebrecht. Interesaría, aquí, colaboración eficaz “nacional”. Tendríamos allí una reparación y una recuperación de la dignidad nacional. No debería haber otro gabinete “tecnocrático”, pues “tropezaría de nuevo con la misma piedra” que hizo naufragar a PPK y, casi, casi, al de Vizcarra (¿recuerdan al ministro David Tuesta y los aumentos del ISC a las bebidas y combustibles y el fallido intento de aumentar el impuesto a la renta a los que menos ganan?). La derrota de Macron en Francia a manos de los “chalecos amarillos” ha sido exactamente por los mismos motivos. Algunos sugieren que el gobierno adopte “las políticas” de la Alianza del Pacífico, en el entendido que son neo-liberales. Pero, ¿lo son? En Colombia, Chile y México existe control previo de las fusiones y adquisiciones, como lo plantea la OCDE. Chile y México ya son miembros plenos y Colombia está muy cerca. Entonces habría que aprobar el control de fusiones, que hasta ahora “no sale” en el Congreso. En esos tres países se combate la “planeación tributaria agresiva” de las multinacionales y también de las firmas nacionales (en Chile la Ley 20.780 del 2014), que se usa para eludir de forma “legal” el pago de impuestos. También se usan los paraísos fiscales, lo que es combatido por la OCDE. Pero aquí el ministro Oliva acaba de ceder ante las presiones de la Confiep y ya no se aplicará la norma antielusiva (el DL 1422). ¿Van a continuar los “tecnócratas” que, en realidad, representan a los poderes fácticos económicos y financieros? Otra trampa “tecnocrática” peligrosa es la “reforma laboral” que plantea eliminar derechos para “combatir la informalidad”. Falso. La informalidad proviene de la ausencia de una estructura productiva formal como consecuencia del modelo primario exportador existente. Y se agrava con la entrada masiva de la inmigración venezolana que ya ha bajado los salarios y reducido el empleo nacional. La política solidaria hacia los venezolanos es necesaria en el marco de un acuerdo regional. “Dejar pasar ad infinitum” no es una política migratoria. La informalidad no se arregla tan solo con planes de “aumento de la competitividad”, que debieran tener elementos importantes (como el cese de la competencia desleal en el sector textil), sino también con la incorporación de nuevos sectores, como la petroquímica, los fertilizantes y la infraestructura turística, entre otros. El gobierno también podría aumentar la oferta de energías limpias, para sustituir la dependencia de combustibles fósiles y combatir el cambio climático. Cierto, este tema es de mediano plazo, pero ya Chile y México muestran importantes avances. Hay que discutir con todos los actores un Plan energético vinculante (subrayado) de mediano y largo plazo, que raye la cancha para las inversiones en el sector. Y, claro, no se debe aprobar tal como está la Ley de Hidrocarburos, hecha a la medida de aquellos que hoy explotan petróleo Talara. La transición al mediano y largo plazo solo se logra si, hoy, se comienzan a satisfacer las reivindicaciones económicas y sociales, en medio de una economía parada desde el 2014 y con empleo declinante: en el 2018 el crecimiento del PBI ha sido solo del 3.5%. Si prosigue la reducción “tecnocrática” de la inversión pública para priorizar la reducción del déficit fiscal, el gobierno pagará el pato y el “que se vayan todos” y la convocatoria a una Asamblea Constituyente entrarán a la agenda inmediata. El terreno económico es clave. Y el fujialanismo lo sabe. Le esperan al nuevo gobierno grandes tareas: una es ganar el combate a la corrupción, que hoy pasa por defender a los fiscales y jueces de la ofensiva de la corrupción que los quiere sacar. La movilización social será clave acá. La otra es sepultar los cantos de sirena para otro gabinete “tecnocrático”, pues mantendrá la economía parada y lo llevará al choque social. No hay mucho tiempo que perder.
