La propuesta de reforma del CNM ,Aprovechando la reforma del sistema de justicia, Fuerza Popular pretendería tomar el control político de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estados Civil (RENIEC). Esto es lo que se observa en el predictamen de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) aprobado por la referida comisión parlamentaria, que empezará a ser debatido el jueves por el pleno del Congreso. Actualmente, a los jefes de la ONPE y el RENIEC los elige el CNM. Se hizo así para reducir al mínimo la posibilidad de que una fuerza política tomará el control de dos organismos claves en todo proceso electoral: la identificación de los ciudadanos y el proceso y conteo de votos. Pues, bien, la Ley de reforma constitucional aprobada por la Comisión que preside la congresista Rosa María Bartra Barriga, de Fuerza Popular, plantea que el Congreso de la República, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo, designe y remueva por falta grave a los jefes de la ONPE y el RENIEC. Así, en una especie de trueque, Fuerza Popular aprovecha la reforma judicial para introducir un cambio constitucional que no está en debate y que va a acorde con sus intereses políticos. Además, los CNM-Audios han revelado que el objetivo político de “Los cuellos blancos del puerto” fue justamente tener el control político de la ONPE. Algo que la difusión de los audios y la investigación de las fiscales del Callao, Rocío Sánchez y Sandra Castillo ha logrado neutralizar. De acuerdo con los testigos protegidos y colaboradores eficaces, el operador político José Luis Cavassa se acercó a cuatro miembros del CNM y logró que se nombrará en la jefatura de la ONPE, a Adolfo Castillo, supuestamente para favorecer al líder político José Luna Gálvez. Al revelarse los audios, Castillo fue retirado de la ONPE y la elección de un nuevo jefe de esta institución está pendiente. A futuro, un partido político que gane la presidencia y la mayoría en el Congreso controlaría la ONPE y el RENIEC. La propuesta legislativa establece que el artículo 182° de la Constitución dirá: El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es designado por el Congreso, a partir de una terna propuesta desde el Poder Ejecutivo, por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones” En tanto, el artículo 183°: El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es designado por el Congreso, a partir de una terna propuesta desde el Poder Ejecutivo, por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sobre esta reforma, el especialista en temas electorales y exjefe de ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla señala: “Esto no solo contraviene el modelo de elección histórica de los organismos electorales, en el sentido que no interviene ni el Ejecutivo ni el Parlamento, sino que politiza, en el peor sentido, la elección de los titulares de estos dos organismos electorales, con mayor razón de cara a las elecciones del 2021”. “Por lo demás, un presidente con una mayoría podría proponer a personas de su confianza o un Congreso imponer la suya. Desde 1931 con la creación del JNE y, desde 1995 con la de ONPE y RENIEC, la elección de sus miembros ha estado ajeno a la participación del ejecutivo y legislativo. Ese ha sido la pieza fundamental de la imparcialidad y neutralidad que deben de tener los titulares que encabezan dichas instituciones”. “Una posibilidad es que la misma Comisión que elige a los consejeros, lo haga también para los jefes de ONPE y RENIEC o, en su defecto, se mantenga la elección, pero con un CNM renovado, siempre por concurso público. Un peligro es que la reforma se entrampa en este punto, no vaya a Referéndum o, no menos peligrosa, que la apruebe mañana el Congreso tal como señala el predictamen y vaya así al Referéndum. Ley que no podrá ser observada por el presidente”
