La ofensiva contra la corrupción política que el presidente Martín Vizcarra iniciara con su Mensaje a la Nación es prometedora por donde se mire.,El escándalo de los audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Es cierto que no es apropiado afirmar que nos hemos graduado de Estado mafioso, pero allá vamos, dejando atrás la corrupción tradicional. El entramado delictivo que acaba de ser descubierto presente dos redes operativas, pero la sorpresa reside –catarata de audios mediante– en una red en ciernes, la de los políticos que se sirven de las redes “tradicionales” corruptas para sus fines especiales, un proceso de cooptación de grupos delictivos con propósitos de largo plazo, especialmente advertidos en los diálogos que envuelven a varios miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hasta ahora, la manera como se ha enfrentado la corrupción de los políticos o de las altas esferas tuvo tres constantes no concurrentes: la acción de la justicia, las investigaciones parlamentarias y la expedición de nuevas normas convencionales, especialmente las que definen nuevos tipos penales, aumentan las sanciones, evitan la prescripción de los delitos y estrechan los beneficios penitenciarios. Los últimos 18 años han sido plenos de una legislación anticorrupción desordenada que, sin embargo, no logró impedir los actos ilícitos que se denuncian desde los Petroaudios, y el caso Ecoteva y Alejando Toledo para adelante (años 2008 y 2013, respectivamente). La relación entre la batería de medidas legales y judiciales y las repuestas políticas contra la corrupción ha sido estudiada en otros países, en Italia, por ejemplo. El profesor Guiseppe Carlo Marino (Historias de la mafia; un poder en las sombras. 2002, ediciones B, España) sostiene que la lucha contra este fenómeno fue claramente concebida, planteada y llevada a cabo no como un capítulo de la represión de la criminalidad, sino como una empresa de liberación civil de un complejo sistema de poder, del que la criminalidad constituye solo un aspecto. En el caso específico de Sicilia –encuéntrese la referencia comparada con nuestro caso–, el Grupo Antimafia de la Fiscalía de Palermo fue el eje de un movimiento renovador de la magistratura, con jueces y fiscales empoderados y en actividad constante, al que complementaron medidas legislativas, políticas y administrativas. A esta renovación, el profesor Carlo Marino llama una revuelta legalista. Esa revuelta está en ciernes en nuestra judicatura. Debe recordarse en el actual caso de los audios el rol desempeñado por la fiscal Rocío Sánchez y el juez Cerapio Roque, entre otros, y la batalla casi solitaria que libra el fiscal Juan Carrasco, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, contra Edwin Oviedo, respaldado este por la increíble casación de la Corte Suprema. Si existe un imperativo político en esta hora en que se produce una dura batalla por la depuración de la Fiscalía y el Poder Judicial, es el respaldo a las decenas de fiscales y jueces probos que precisan de un mensaje claro de apoyo y protección. El peor escenario para estos propósitos es la guerra interna desatada en el Ministerio Público, un conflicto que no puede saldarse con la victoria de los denunciados. Si eso sucede, la revuelta contra la corrupción en las altas esferas habría muerto en la cuna. Finalmente, la ofensiva contra la corrupción política que el presidente Martín Vizcarra iniciara con su Mensaje a la Nación del pasado 28 de julio es prometedora por donde se le mire. Hasta ahora, el eje de la discusión han sido las posibilidades de un referéndum para la adopción de tres medidas de reforma política y una de reforma de la justicia. No obstante, siendo esa posibilidad meritoria, especialmente si implica que los votantes decidirán sobre cambios de fondo bloqueados casi 20 años, son atractivas también otras posibilidades que fomentarían en el corto plazo la creación de los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, originados fuera de estas instituciones y sometidos a concurso público nacional. Si a ello se agrega un nuevo CNM con las mismas características, tendríamos en poco tiempo mejores posibilidades de que las redes mafiosas no alcancen a nacer. http://juandelapuente.blogspot.pe
