La inseguridad ciudadana que requiere atención

El crimen organizado le presenta al nuevo gobierno su primera urgencia antes incluso de que asuma. El 2025 cerró como el año más violento en cuanto a criminalidad, con 2.451 homicidios, según datos de la Fiscalía, lo que equivale a un promedio de siete asesinatos diarios. Las extorsiones superaron las 27.000 denuncias y el sicariato evidenció presencia sostenida en Lima, el Callao, La Libertad e Ica. El primer trimestre de 2026 registró 78.301 detenciones a nivel nacional, cifra que expone simultáneamente la magnitud del problema y la capacidad todavía limitada del sistema para resolverlo de fondo.

El alcance del crimen organizado en la economía cotidiana resulta revelador. El 80% de las empresas de transporte público admitió el pago de cupos mensuales a bandas criminales, con montos que rondan los S/30.000. Al menos 69 conductores perdieron la vida durante sus jornadas laborales en 2025, y la extorsión fue el principal móvil. Los mercados, los comerciantes y los empresarios de distintos sectores conviven con amenazas que el Estado ha atendido con patrullajes y declaratorias de emergencia, mientras mantiene intactas las estructuras que las producen.

Ahí reside el problema central. Los estados de emergencia se han repetido como respuesta de corto plazo, con resultados que los expertos califican de alcance limitado frente a una violencia con raíces estructurales. Los centros penitenciarios, lejos de neutralizar el crimen, funcionan como espacios donde las organizaciones lo fortalecen, según han señalado especialistas en seguridad ciudadana. El Perú produce alrededor de 820 toneladas de cocaína al año, principalmente en el VRAEM, lo que alimenta economías ilegales que financian la expansión del crimen organizado en territorios donde el Estado llega con recursos escasos.

El gobierno que asuma en julio hereda ese panorama con la obligación de diseñar una política de seguridad ciudadana que trascienda la lógica de emergencia. Eso implica inteligencia criminal sostenida, reforma del sistema penitenciario, coordinación territorial entre la Policía y los municipios, y desarticulación de las economías ilegales. La inseguridad encabeza las encuestas de preocupación ciudadana desde hace años. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de ser el primero en responder con una estrategia de largo plazo.