
La aceptación de los resultados electorales por parte de Renovación Popular representa una primer momento en el que la razón y las reglas se imponen frente a las bravatas como la peligrosa narrativa del fraude que intentó, sin pruebas, instalarse en las últimas semanas alrededor de la elección presidencial rumbo al batolaje.
El Jurado Nacional de Elecciones rechazó finalmente los pedidos de nulidad impulsados por sectores vinculados a Rafael López Aliaga sobre las mesas de centros poblados creando mentiras narradas como la viral ficción de las mesas 900. A pesar de todo ese atropello, el sistema electoral peruano logró sostenerse frente a una ofensiva política que buscó sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso de manera solo vista en dictaduras y sus pretendidas versiones.
Y este episodio debería dejar una lección importante para la ciudadanía peruana. Durante semanas, el país observó cómo se intentaba convertir, además de las inaceptables demoras que deben ser investigados con celeridad en 15 centros de votación en la ciudad capital y algunas mesas en el extranjero, diferencias territoriales normales del comportamiento electoral en sospechas de manipulación. Al respecto, vale recordar que la historia muestra un patrón constante: las candidaturas de arraigo popular ubicadas en el espectro ideológico de izquierda, suelen obtener mayor respaldo en zonas rurales y centros poblados. Ocurrió con Ollanta Humala, con Verónika Mendoza, con Pedro Castillo y vuelve a ocurrir con Roberto Sánchez.
Por ello, es importante destacar que esta aceptación de los resultados constituye un reconocimiento implícito de que las acusaciones carecían de sustento suficiente para revertir la voluntad popular expresada en las urnas y fueron, desde siempre, una treta. El sistema electoral resistió el acoso sistemático como lo hizo contra el fraudismo del fujimorismo en los comicios del 2021, y confirmó nuevamente una de las pocas fortalezas institucionales que el Perú todavía conserva: los organismos electorales son capaces de conducir procesos complejos en medio de alta polarización política.
Sin embargo, la normalización democrática todavía enfrenta amenazas importantes. Tanto el fujimorismo como sus aliados han dejado claro que la confrontación política continuará desde el Congreso, como ya lo hicieron en los últimos diez años.
Ese escenario exige cautela ante este saludable proceso democrático. El fraudismo contemporáneo rara vez logra revertir elecciones, pero sí puede mutilar lentamente la confianza pública en el sistema democrático. Por ello el interés de hacerse de los órganos electorales, tal y como lo han hecho las autocracias de derecha como de izquierda.





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