La revancha contra la Fiscalía, por Diego García-Sayán

No es casualidad. Ni es un exceso aislado. Tampoco es una discrepancia jurídica legítima. La ofensiva del Congreso contra Delia Espinoza forma parte de un patrón perfectamente reconocible: someter, intimidar y neutralizar a toda institución que todavía conserve autonomía suficiente para investigar al poder político.

La inhabilitación impulsada desde el Parlamento tiene el inequívoco olor de la revancha. La revancha de quienes no soportan fiscales independientes. La revancha de quienes entienden la política no como representación democrática, sino como un mecanismo de impunidad y blindaje mutuo. La revancha de un bloque que, desde hace años, ha decidido convertir el Estado peruano en un botín administrado por cuotas, favores y pactos de supervivencia.

El mensaje que se pretende instalar es brutalmente simple: cualquier autoridad que incomode a las redes de poder será castigada. No importa si se trata de jueces, fiscales, miembros de organismos electorales, procuradores o periodistas. El objetivo es quebrar la independencia institucional mediante el miedo, el desgaste, la demolición reputacional y el linchamiento político.

La estrategia ya ni siquiera se disimula. Primero se desacredita públicamente al funcionario incómodo. Luego se le acusa de abuso, parcialidad o conspiración. Después se instrumentalizan comisiones, denuncias constitucionales y mayorías parlamentarias construidas sobre intereses comunes. Finalmente, se ejecuta la sanción envuelta en discursos grandilocuentes sobre “defensa de la democracia”, mientras se dinamitan precisamente sus pilares esenciales.

Reparto de piratas

Una sabia reflexión de Miguel de Cervantes, en Don Quijote, se aplica como anillo al dedo: 'Querido Sancho: (…) Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca le darán. País este, amado Sancho, que destrona reyes y corona a piratas pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas'.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos semejantes. Los autoritarismos modernos ya no necesitan tanques en las calles ni golpes militares clásicos. Les basta capturar las instituciones desde dentro, erosionar los contrapesos y transformar la legalidad en un arma de persecución selectiva. El método consiste en vaciar la democracia sin necesidad de clausurarla formalmente.

Eso es lo verdaderamente alarmante de lo ocurrido en el caso de Delia Espinoza. No está en cuestión solamente el destino personal de esta correcta fiscal. El problema de fondo es la señal política y moral que se transmite al país entero. Cuando el Congreso utiliza su poder para disciplinar fiscales, el mensaje hacia el sistema de justicia es inequívoco: investigar a determinados sectores puede costar la carrera, la reputación y el futuro profesional.

Y allí reside el núcleo del deterioro democrático peruano.

Degradación institucional

Mientras el país enfrenta una crisis de inseguridad desbordada, economías criminales que penetran territorios enteros y una ciudadanía profundamente desconectada de la política, el Congreso parece concentrado en garantizar blindajes y ajustar cuentas. No gobierna para la gente. Gobierna para proteger intereses, alianzas y sobrevivencias.

La degradación institucional ya no puede maquillarse bajo el argumento de la “legalidad”. También los abusos pueden ejecutarse siguiendo procedimientos formales. También el autoritarismo puede esconderse detrás de votaciones, reglamentos y discursos constitucionales. La legalidad sin legitimidad democrática termina convirtiéndose en simple abuso de poder.

Resulta particularmente grave que esta ofensiva ocurra cuando la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en mínimos históricos. Cada atropello alimenta la percepción de que el sistema político funciona como una maquinaria cerrada de autoprotección. Cada acto de impunidad profundiza el divorcio entre ciudadanía y Estado. Cada maniobra de revancha parlamentaria destruye un poco más la ya precaria credibilidad democrática del país.

Naturalización del abuso

El Perú parece haberse acostumbrado a ver cómo se capturan instituciones, se persigue a adversarios y se manipulan organismos públicos sin que existan costos políticos significativos. La indignación dura unas horas, acaso unos días, y luego todo continúa como si nada hubiese ocurrido. Esa normalización del deterioro es quizá el triunfo más peligroso del Pacto Corrupto que hoy domina el poder.

El Congreso tiene derecho —y la obligación— de fiscalizar. Lo que no tiene derecho es a convertir esa facultad en un instrumento de intimidación política. La diferencia entre control democrático y persecución es enorme, aunque algunos pretendan borrarla deliberadamente.

El Perú necesita instituciones. Imperfectas, sí, pero autónomas. Necesita fiscales capaces de investigar sin miedo a represalias parlamentarias. Necesita contrapesos reales frente al poder político. Y necesita, sobre todo, una ciudadanía que entienda que el debilitamiento de la justicia nunca termina afectando solo a los funcionarios perseguidos: termina afectando a todos.