Los ciudadanos deben encarar a quienes tensan la democracia

La segunda vuelta presidencial ha colocado al país ante una definición de gobierno, pero también ante una decisión sobre el tipo de orden institucional que acompañará al próximo poder. El voto de los próximos días definirá quién ocupará la presidencia y también qué relación mantendrá el poder político con la justicia, con los órganos electorales y con los límites que impone la ley.

La no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez por parte de la Junta Nacional de Justicia ha introducido ese debate en el centro de la campaña. Ordóñez llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos observaciones jurídicas sobre normas aprobadas en el Congreso de la República del Perú que afectan la persecución del crimen organizado y el funcionamiento del sistema de justicia. La consecuencia llegó bajo la forma de una salida del sistema judicial. El encadenamiento de esos hechos instala una señal que trasciende a una persona y alcanza al conjunto de la magistratura.

Eso se suma a una secuencia que el país observa desde hace meses: leyes que alteran herramientas de investigación penal, presión sobre magistrados, hostigamiento contra autoridades electorales y disputa abierta por el control de instituciones que sostienen el equilibrio democrático. Las relatoras de Naciones Unidas advirtieron que la remoción de Ordóñez puede constituir una represalia con efectos sobre todos los jueces del país. Esa advertencia internacional ya no se puede eludir.

En este punto, la ciudadanía tiene una responsabilidad inmediata. Los electores deben interpelar a todos los candidatos y, sobre todo, a quienes vayan al balotaje. Deben exigir una posición expresa sobre la decisión de la JNJ, sobre el desplazamiento de un magistrado que acudió a instancias internacionales y sobre la relación que cada candidatura propone entre poder político, independencia judicial y control institucional.

La democracia no se reduce al acto de depositar una cédula en el ánfora. También comprende el derecho ciudadano a pedir cuentas antes de votar y, por supuesto, después de hacerlo. La segunda vuelta ofrece esa oportunidad. El país tiene derecho a saber qué entienden los candidatos por separación de poderes, qué lugar asignan a la autonomía judicial y qué respuesta ofrecen frente a una cadena de decisiones que reordena el mapa institucional del Perú.

Y hay que estar atentos a los silencios frente al atropello sistemático a la justicia. Ello también forma parte del mensaje que recibirán las urnas.