En defensa de los órganos electorales

La defensa de la democracia exige una posición clara y firme frente a cualquier intento de socavar sus instituciones. El hostigamiento contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales y ahora contra el Jurado Nacional de Elecciones constituye un ataque directo a la esencia del sistema democrático. En esto se juega algo más que una disputa política regular. En realidad, se define la vigencia de reglas que garantizan la voluntad popular.

Resulta inaceptable, entonces, la presión sistemática contra los árbitros electorales. Esta conducta expresa una estrategia conocida, orientada a debilitar la legitimidad de los procesos y a erosionar la confianza ciudadana. Lo hizo Keiko Fujimori en 2021 y hoy la enarbola Rafael López Aliaga.

En ese sentido, el pronunciamiento de Transparencia Internacional acierta al exigir una condena sin ambigüedades. La democracia se fortalece con claridad, no con silencios. Todo liderazgo que aspire a representar a la ciudadanía tiene el deber de rechazar, de manera explícita, cualquier insinuación o práctica que desestabilice el orden constitucional.

Este mismo patrón se observa desde el Congreso de la República del Perú. La incorporación subrepticia de una disposición en el texto sustitutorio de la ley del colegio profesional del artista, dirigida contra la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, revela una práctica legislativa sistemática e incompatible con los principios democráticos.

Este tipo de maniobras retrata una forma de ejercer el poder propia de dictadores. Se vio en Venezuela con Nicolás Maduro y en Nicaragua con Ortega. Hoy, quienes se dicen defensores de la libertad piden nada menos que un golpe militar.

La defensa de los órganos electorales constituye hoy una tarea impostergable. Su fortalecimiento asegura la vigencia del voto como expresión soberana de la ciudadanía. Cada intento de intimidación debe encontrar una respuesta firme de la ciudadanía.