Pedro Grández: La justicia en los planes de gobierno: el eterno retorno a la reforma sin diagnóstico

Pedro P. Grández Castro. Profesor universitario - Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

La justicia es un valor fundamental en cualquier sociedad organizada. Pero es también un servicio público esencial, como la salud, la educación o la propia seguridad. Como servicio público, su gestión y prestación en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos corresponde al Estado. Incluso cuando se trata de promover otras formas alternativas al sistema estatal, como es el caso del arbitraje o la conciliación, también en estos supuestos la regulación, promoción y garantía, en último término, corresponde al Estado.

De ahí la relevancia de que la justicia forme parte fundamental de las políticas públicas y, como tal, de las propuestas electorales. Sin embargo, al revisar los planes de las agrupaciones que participan en las elecciones generales de abril, la justicia no solo aparece relegada, sino que, en la mayoría de los casos, se observan enfoques equivocados o carentes de diagnósticos que recojan los problemas que aquejan al sistema de justicia en sus distintas dimensiones. Esto, pese a que los diagnósticos sobre los problemas de la justicia abundan. Un informe de la OCDE sobre el Perú (2024), por ejemplo, sitúa el problema del acceso a la justicia en condiciones de igualdad como uno de los problemas estructurales. Ello redunda, según el informe, en la percepción que tiene la ciudadanía sobre el Poder Judicial y la eficacia del Estado de derecho para resolver problemas estructurales.

La noción de equidad —sostiene el documento— es un factor determinante de la confianza de la población en las instituciones de justicia. En el caso peruano, más del 80 % no se siente igual ante la ley (Latinobarómetro, 2021). Además, citando estudios recientes, el documento señala que, para cerca del 90 % de la población del Perú, el acceso equitativo a la justicia para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia. Entre las barreras para el acceso equitativo a la justicia se mencionan no solo la geografía y la pobreza, sino también el pertenecer a grupos en situación de desventaja, como las mujeres, las personas con lenguas originarias o incluso los adultos mayores.

Una lectura atenta de los problemas de acceso a la justicia debería movilizar las políticas públicas, por ejemplo, para descentralizar los servicios y la propia gestión económica del sistema de justicia. El debate sobre el papel de la Corte Suprema es un asunto que, si bien incumbe, en principio, al propio Poder Judicial, al tratarse de una cuestión vinculada a las políticas de acceso a la justicia, también compromete a los demás poderes del Estado. ¿Debemos mantener una Corte Suprema con todas sus salas en la ciudad de Lima o deberíamos pensar en descentralizar algunas de sus competencias? Igualmente, los temas vinculados con la carga procesal y las políticas de descongestión —que hoy en día constituyen una seria interferencia en la atención oportuna del servicio de justicia— son asuntos que comprometen el presupuesto público, pero que también requieren de una gestión compartida entre las distintas instancias del gobierno, por lo que merecen ser incluidos en los planes de gobierno.

Desde luego, cualquier planteamiento sobre estas cuestiones especializadas requiere conocimiento y un diagnóstico adecuado. Pese a que estos estudios diagnósticos son de acceso abierto, los planes de gobierno lucen improvisados y carentes de datos que respalden las afirmaciones genéricas que se formulan sobre la justicia. En la mayoría de los casos, se trata de documentos encargados y elaborados, incluso, a través de inteligencia artificial, como lo ha puesto en evidencia el portal de “Gobierno Digital Online”. Son muy pocas las agrupaciones que han hecho un esfuerzo por esbozar, al menos, algunas líneas de diagnóstico y menos aún aquellas que hayan identificado como principal problema el acceso y la desigualdad que los ciudadanos perciben en el tratamiento que las instituciones de justicia dan a los casos que reciben. Incluso cuando se alude a una “reforma integral del sistema de justicia”, las propuestas no esclarecen el planteamiento ni las acciones que ello supone. En varios programas se centra la atención en el Tribunal Constitucional, olvidando que, si bien se trata de un órgano de especial importancia, su presencia en el sistema de justicia es residual y no se ocupa de la solución de los casos cotidianos que la ciudadanía busca resolver acudiendo al Poder Judicial.

El desconocimiento del sistema de justicia también se aprecia en los planes cuando reducen la comprensión de los problemas de “justicia” a las competencias que tiene actualmente el Ministerio de Justicia. Este es el enfoque que se observa en más de una agrupación, que solo plantea medidas relacionadas con la defensa pública, las procuradurías y alguna referencia a la Dirección General de Justicia. Evidentemente, las políticas relativas al sistema de justicia comprometen acciones de coordinación y, en ese sentido, exigen retomar propuestas vinculadas con la coordinación interinstitucional que se han elaborado en el pasado. La justicia requiere, pues, una política de diálogo y actuación interinstitucional. Es una de las políticas cuya medición y seguimiento compromete al aparato público en su conjunto. Este enfoque sistémico no puede desconocer las competencias ni la separación de funciones que la Constitución delimita para cada sector.

Desde luego, en un contexto de crisis estructural como el que estamos viviendo, la reforma del sistema de justicia presenta distintos niveles que deben ser, primero, diagnosticados y luego atendidos. En los planes, estos niveles a veces se mezclan y, con frecuencia, se observa que la justicia aparece como un asunto de “orden” o de lucha contra la criminalidad, desconociendo sus dimensiones de acceso, protección de derechos, resolución de conflictos y, desde luego, de lucha contra la impunidad. En ese sentido, los planes constituyen aproximaciones de enfoque; sin duda, cualquiera que sea el gobierno que resulte electo, deberá ser consciente de que las respuestas a los problemas de la justicia requieren un pacto con otros poderes y otras instancias que en muchos casos tienen garantizada constitucionalmente su autonomía. Comprender esa dimensión interinstitucional de la justicia, es el primer paso para lograr eficacia en la necesaria reforma que el sistema requiere con urgencia.