
Los procesos de “cambio de régimen por imposición extranjera” o FIRC (del inglés Foreign-Imposed Regime Change) se describen en la literatura de la ciencia política —en la mayoría de los casos— como intentos poco exitosos y muy costosos de imponer democracias exportadas. Si bien el reciente bombardeo contra Caracas no fue el inicio de una ocupación, con los días ha quedado clara la voluntad de imponer un orden de cosas relativamente nuevo desde una potencia extranjera.
De acuerdo con Downes y Monten (2013), los motivos por los cuales los FIRC fracasan rotundamente tienen que ver con tres condiciones principales. La primera razón tiene que ver con la falta de precondiciones internas favorables para desarrollar estructuras tradicionalmente consideradas democráticas. Esas falencias estructurales impiden que se consolide otra forma de gobierno. En segundo lugar, los FIRC suelen imponer reformas absolutamente insuficientes. Ni un proceso electoral ni una nueva constitución son suficientes para conducir una transición real. Se requieren esfuerzos sostenidos por largo tiempo para consolidar instituciones, y en casos como el que analizamos hoy es poco probable que eso ocurra, dados los reales intereses de la potencia agresora. Finalmente, en tercer lugar, imponer a un nuevo líder casi nunca lleva a que se cambie de tipo de régimen. Esto resulta más improbable aún, considerando que sigue gobernando la número dos del hoy secuestrado Nicolás Maduro.
En promedio, los Estados sometidos a FIRC experimentan poca o ninguna mejora democrática. Muchos casos terminan en fracasos vinculados a conflictos internos o prolongada inestabilidad. Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, lo ocurrido en Venezuela los primeros días de 2026 no tiene justificación alguna en el marco del derecho internacional. Esto coloca a todos los países de la región en una posición vulnerable. La justificación jurídica inicial, el narcotráfico, debe preocuparnos en Perú a ciudadanos y autoridades por igual. Si bien se desestimó rápidamente para dar paso al real objetivo de obtener petróleo, al ser el Perú el segundo país productor de coca a nivel mundial, podría aplicarse una justificación similar para un ataque armado. Por otro lado, los precios de nuestros commodities como el cobre y el oro han alcanzado cifras récord. No se trata de petróleo, pero son minerales de gran valor, nada despreciables para cualquier potencia extranjera.
El antecedente de Gaza, en donde Israel ha perpetrado un genocidio ante los ojos del mundo, ha sido un laboratorio perfecto para demostrar que hemos retornado a un momento previo a la Paz de Westfalia. En el ámbito internacional hemos vuelto al estado de naturaleza, donde prima la ley del más fuerte. La doctrina Monroe volvió de siglos atrás para eliminar de un porrazo los espejismos de ser Estados soberanos que tenemos en este lado del subcontinente americano desde hace algunas décadas.

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