Las colas extensas y el hacinamiento en el Metropolitano ponen en riesgo la salud de miles de personas. Adultos mayores, niños, gestantes y personas con discapacidad esperan de pie bajo altas temperaturas, sin ventilación ni protección adecuada. Esta situación es un problema de salud pública que el Estado, en particular la Municipalidad de Lima, debe atender con prontitud.

La crisis del Metropolitano también expresa la profunda brecha entre Lima y otras capitales de la región que han apostado por un transporte público moderno, eficiente y centrado en el ciudadano. Mientras ciudades como Santiago o Bogotá avanzan en flotas mejor equipadas, tiempos de espera controlados y estaciones diseñadas para proteger a los usuarios, Lima sigue ofreciendo un servicio precario para millones de personas que no tienen otra alternativa de movilidad. Esta desigualdad en la calidad del transporte reproduce exclusión urbana y limita el derecho a la ciudad.

A esta brecha se suma una responsabilidad política concreta. Durante la gestión del hoy renunciante alcalde Rafael López Aliaga, la Municipalidad de Lima ha realizado un gasto significativo en diversas áreas, pero muy poco de ese presupuesto se ha traducido en inversiones orientadas a hacer más eficiente, más humano y más amigable el transporte público que depende del Estado. No se priorizó la modernización de la flota, ni la mejora de estaciones. El resultado es un sistema que opera al límite, sin capacidad de respuesta frente a condiciones climáticas previsibles.

El sistema de transporte ignora el impacto del calor y la espera prolongada en los cuerpos más vulnerables. Los golpes de calor, la deshidratación y las descompensaciones cardiovasculares son riesgos previsibles. Cada verano se repite el mismo escenario porque la gestión del Metropolitano no incorpora la salud como criterio central de operación.

La Municipalidad debe entender que proteger a los usuarios vulnerables es una obligación pública, no caridad. Mientras no se asuma así, el Metropolitano y demás servicios públicos seguirán funcionando a costa de la salud y derechos de quienes más dependen de él.

Editorial

Municipalidad debe prever golpes de calor en Metropolitano

Las denuncias cotidianas de ciudadanos advierten del riesgo de golpes de calor en el verano.&nbsp;

Municipalidad debe prever golpes de calor en Metropolitano | Editorial

La República

El gobierno ha optado por administrar la inseguridad como un espectáculo. Operativos con cámaras con el presidente posando para la foto en zonas tomadas por el delito. No son pocos los analistas en seguridad que advierten que se tratan de puestas en escena diseñadas para distraer a la población, y no para tener resultados. Mientras tanto, la extorsión sigue avanzando y se vuelve cada vez más rentable.

La criminalidad que hoy asfixia al transporte público en Lima y Callao exige la aplicación de políticas públicas concretas, no escenografías.

La extensión del fenómeno es también cuantitativa: más de 23,000 denuncias de extorsión se registraron entre enero y octubre de 2025, un incremento de casi 27,4 % respecto al mismo período del año anterior, con Lima Metropolitana y Callao como epicentros de este flagelo.

&nbsp;Estas cifras muestran que la criminalidad es una realidad estructural de la economía urbana y no un brote episódico.

La extorsión es una actividad sistemática que requiere inteligencia policial, además de análisis financiero y cómo este se relaciona con el control territorial de las mafias que mientras pasa el tiempo tienen el descaro de elevar sus montos.&nbsp; La lógica es de “tarifas”, como si fueran un impuesto informal, con métodos sofisticados para recolectar pagos y castigar la resistencia con violencia extrema.

Bajo esa lógica, la criminalidad responde directamente a incentivos. En este caso, al ser la impunidad alta y el riesgo de cometer crímenes bajo, las organizaciones criminales tienen ahora la impudicia de ajustar sus tarifas, mientras expanden su radio de acción y siguen afianzando su poder territorial.

En este contexto, los transportistas viven atrapados entre dos poderes. Las mafias que cobran por permitir trabajar y el Estado que no ofrece casi ninguna garantía para vivir y desarrollar una actividad comercial en paz. No sorprende, entonces, que las convocatorias a paros se legitimen socialmente y sigan siendo la única medida de protesta hasta el momento.

Vale decir que cada paralización fractura cada vez más la brecha del pacto mínimo entre ciudadanía y Estado.

Ninguna fotografía sustituye la persecución planificada del delito. Y para ello, es fundamental dotar de recursos a grupo de probada solvencia ética que no coluda con el lumpen, como se observan en las denuncias cotidianas que continúan, para lamento de los más pobres del país, ocurriendo.

El show del régimen está empeorando la criminalidad

La reforma del Ministerio Público constituye una tarea que ha sido postergada por años por el Estado peruano. Sin embargo, las decisiones que hoy se adoptan en su interior no tienen un efecto neutro sino que inciden directamente en la capacidad del Estado para perseguir delitos complejos y garantizar que la ley se aplique con igual rigor a ciudadanos y a quienes ejercen poder.

La obsolescencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público, vigente desde 1981, explica parte de las tensiones actuales. Se trata de un marco normativo concebido para un modelo previo al sistema penal acusatorio y distante de la complejidad del crimen contemporáneo. Su adecuación al Nuevo Código Procesal Penal resulta indispensable para dotar de coherencia y eficiencia a la persecución penal. No obstante, la legitimidad de esa reforma no reside en solamente en invocación técnica, sino en la capacidad para fortalecer la investigación de delitos en contextos de alta sensibilidad política.

Bajo ese parámetro deben evaluarse las decisiones del titular interino de la Fiscalía de la Nación, Tomas Aladino galvez, que pretenden reorganizar los equipos especiales vinculados a Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, la Corrupción en el Poder y el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Al respecto, si bien se ha propuesto que las carpetas fiscales se integren a los subsistemas especializados, es insuficiente para disipar las preocupaciones institucionales de fondo.

Los equipos especiales surgieron como una respuesta concreta a una evidencia persistente: las estructuras ordinarias del Ministerio Público mostraron limitaciones para investigar redes de poder, corrupción sistémica y graves violaciones de derechos humanos. Su razón de ser descansó en la cohesión operativa, la especialización acumulada y una autonomía estratégica orientada a garantizar que la ley se aplique a todos.

El caso de Eficavip ilustra con particular claridad esta preocupación. La integración de sus investigaciones al subsistema de Derechos Humanos mantiene abiertos los procesos por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Pero, la desactivación del equipo especializado introduce una diferencia sustantiva entre la continuidad procesal formal y la fortaleza institucional real de las investigaciones.

Para las víctimas y sus familiares, esto es una mala señal. Se debilitan la consecución de sus casos.

Por ese motivo, la conducción interina del Ministerio Público exige prudencia y contención, sobre todo cuando sus decisiones afectan investigaciones sensibles en un contexto político crítico.

Reforma fiscal debe gozar de legitimidad

La tragedia venezolana no es solo el colapso de un régimen autoritario. Es, sobre todo, una confirmación más de que ninguna sociedad puede aspirar a prosperidad sostenida cuando los derechos de sus ciudadanos son degradados a un elemento accesorio.

Venezuela no se empobreció por falta de petróleo ni de talento humano, sino por la demolición deliberada del Estado de derecho y de la voluntad ciudadana.

El régimen de Nicolás Maduro violó sistemáticamente los derechos de propiedad, voto y libertad de expresión de sus connacionales. Con ello destruyó los incentivos básicos para invertir, innovar y planificar el futuro en su país.

Al respecto, el profesor de crecimiento económico de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann afirma que el desarrollo surge de la capacidad de una sociedad para coordinar inversiones y conocimiento bajo reglas creíbles. No exclusivamente de recursos naturales ni del abuso del poder.&nbsp;

Este razonamiento coincide con lo desarrollado por varios premios Nobel de Economía, desde Douglass North y Amartya Sen hasta Acemoglu, Johnson y Robinson. Todos ellos coinciden en que sin derechos efectivos, la prosperidad es frágil y transitoria. Es decir, de corto plazo.

Lo preocupante es que esta erosión de los derechos no se limita al autoritarismo interno venezolano que, por cierto, sigue vigente a pesar del apresamiento de Maduro. También se reproduce cuando actores externos relativizan el derecho internacional y la voluntad popular por conveniencia geopolítica.

Cuando la defensa de la democracia se vuelve instrumental, pierde todo sentido. Y cuando el derecho internacional se aplica selectivamente, deja de ser norma para convertirse en materia vacía. Lamentablemente para quienes insisten en bravatas, esta incoherencia no debilita a los autoritarios; al contrario, los fortalece.

Esta lógica debería ser evaluada con cuidado por los candidatos que hoy se rinden ante las bravatas de Trump y confunden firmeza con desprecio por las reglas. Normalizar que la voluntad de un pueblo sea negociable es abrir la puerta a que esa misma lógica se imponga mañana en el país.

La prosperidad requiere inversión en derechos

Se cumplen tres años desde que el Perú ingresó, casi sin declararlo, en una nueva forma de gobierno. Un régimen autoritario de cuño parlamentario, sin partido hegemónico ni líder carismático, pero eficaz para concentrar poder y vaciar la representación. En otras palabras, la administración de la precariedad como método.

El 7 de diciembre de 2022 marcó el quiebre. La caída de Pedro Castillo —autoinfligida por un torpe autogolpe— abrió paso a un arreglo político que, bajo la promesa de restaurar el orden, terminó consolidando un Congreso sin contrapesos reales. Desde entonces, el Legislativo dejó de ser un poder de control para convertirse en el verdadero eje del sistema.

El Ejecutivo que emergió de ese momento no gobernó: obedeció. La presidencia de Dina Boluarte fue la de una jefatura formal sostenida por una coalición parlamentaria cuyos centros reales de decisión se encontraban fuera de Palacio. Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, César Acuña y Rafael López Aliaga —cada uno desde su propio cálculo y espacio— operaron como factores de poder que garantizaron la supervivencia del gobierno a cambio de docilidad política.

A cambio del blindaje frente a la vacancia y el juicio político, el Ejecutivo aceptó silencios estratégicos, repartos burocráticos y una política de orden que, frente a la protesta social, optó por la represión antes que por la mediación. En ese sentido, enero de 2023 fue una advertencia.

Vale recalcar que ese empobrecimiento democrático no es una abstracción teórica. Es una observación verificable en los hechos. Se expresa, primero, en la inseguridad creciente, en la expansión de las economías ilegales, y de manera trágica, en el costo humano de la subordinación del poder político: ciudadanos asesinados por ejercer su derecho constitucional a la protesta durante las movilizaciones de 2023. Paralelamente, el 2024 cierra con cuatro periodistas asesinados. Son síntomas acumulativos de un régimen que debilitó el Estado de derecho mientras afirmaba, retóricamente, defenderlo de enemigos inexistentes.

La salida posterior de Boluarte no alteró la lógica del régimen. Con José Jerí, el esquema se perfecciona: ya no se trata siquiera de un Ejecutivo tolerado por el Parlamento, sino de uno emanado directamente de él, expresión transparente de un poder legislativo que gobierna sin asumir los costos de gobernar.

Lo autoritario de este régimen no reside solo en el uso de la fuerza, sino en algo más profundo: la normalización del cierre del sistema. Se gobierna sin horizonte, sin deliberación pública y sin incentivos para reconstruir legitimidad. El Congreso legisla para sí mismo, debilita la fiscalización, relativiza los derechos y posterga indefinidamente cualquier reforma que implique riesgo.

Sin embargo, este proceso no es irreversible. El autoritarismo parlamentario se sostiene, en última instancia, en la desmovilización cívica y en la renuncia ciudadana a su propio poder. Las próximas elecciones constituyen una de las pocas instancias capaces de castigar la captura institucional y recomponer la representación del caos.

Tres años después, el balance es severo, pero el desenlace sigue abierto. La democracia no se restituye sola ni por inercia: se reconstruye cuando la ciudadanía decide intervenir, cuando deja de normalizar el deterioro y convierte las urnas en un límite efectivo al abuso. Ese es el desafío inmediato. Y también, todavía, la posibilidad.

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