TC debe proteger la independencia de la justicia

Durante meses, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha ejecutado una ofensiva sistemática contra la autonomía del Ministerio Público. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia, desplegada por el pacto parlamentario autoritario que domina el Congreso, cuyo objetivo es cooptar las instituciones para capturar la democracia desde adentro.

Esa estrategia ha avanzado paso a paso. Primero, mediante el copamiento del Tribunal Constitucional (TC), convertido hoy en un órgano funcional al régimen y desprovisto de la independencia que debería definirlo. En ese sentido, no han sido pocas las sentencias que han mostrado un claro carácter antijurídico e inconvencional, como desacatar decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con esas instituciones alineadas por sus mayorías capturadas, la presión por tomar el Ministerio Público se ha intensificado. Desde hace semanas, buscan condicionar, someter y remover a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos y, por extensión, controlar la institución constitucionalmente encargada de perseguir el delito con autonomía.

El objetivo pretende asegurar una Fiscalía dócil, incapaz de investigar intereses vinculados al poder político y económico que hoy domina el Parlamento.

Paralelamente, la JNJ no solo promovió una sanción cuestionada contra la fiscal de la Nación hoy suspendida, Delia Espinoza, sino que, ante la orden del Poder Judicial de reponerla en su cargo, presentó al TC una demanda cautelar destinada a dejar sin efecto la orden judicial.

La maniobra busca impedir que Espinoza, elegida legalmente por la Junta de Fiscales Supremos, reasuma su cargo. Se trata de un caso emblemático de cómo una institución capturada utiliza los mecanismos constitucionales para sostener una decisión previamente impuesta mediante argucias legales.

En este contexto, un aval del Tribunal a dicha bravata del Pleno de la JNJ consolidaría la cooptación institucional completamente.

El Tribunal Constitucional aún podría rectificar su rumbo. Su deber es proteger la independencia judicial y restituir el equilibrio que la Constitución demanda. Cada sentencia que lo aleja de ese deber no solo compromete su legitimidad, sino que hipoteca el futuro democrático del Perú por una cuota de poder ilegítima.