Los prófugos del régimen

La imagen de agentes fiscales allanando la vivienda de Óscar Acuña, en Trujillo, y saliendo con las manos vacías es el retrato más nítido de un Estado que ha perdido el control incluso sobre quienes se mueven dentro de su propio circuito político. El Acuña prófugo, hermano del líder de APP, es hoy un “no habido” en una investigación que lo vincula a pagos irregulares de proveedores de Qali Warma.

Sin embargo, no es el único. Supuestamente, el Estado lleva más de dos años observando cómo Vladimir Cerrón evita a la justicia mientras sigue publicando en redes sociales con impunidad. La situación ha llegado a un punto en el que el ciudadano entiende que el aparato del Estado no solo es lento, sino al parecer selectivamente ciego.

La Policía Nacional del Perú (PNP) repite discursos sobre lucha frontal contra el crimen. No obstante, resulta incapaz de dar con personas plenamente identificadas, con paradero relativamente acotado y con procesos judiciales de alto interés público.

En teoría, la PNP debe ser el brazo activo de la justicia. Por ello, resulta alarmante el grado de desconexión tanto en el discurso de “lucha frontal contra el crimen” y los hechos cuando se trata de actores con peso político.

En 2024, la entidad policial reportó que detuvo a 362.262 personas, de las cuales 73.781 eran requisitoriadas por la justicia. Paradójicamente, eso no ha bastado para asegurar la detención de figuras como el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y ahora Óscar Acuña, con vínculos claros con el poder del régimen actual.

Esta brecha entre las detenciones masivas que la PNP sí realiza y la incapacidad, o la falta de voluntad efectiva, para capturar a los “más buscados” revela un problema que es estructural y no se soluciona con estados de emergencia y órdenes de captura que no se acatan con proactividad.

No basta con la presencia operativa de la policía, sino que hace falta una coordinación real con el Ministerio Público y el Poder Judicial, a los que, dicho sea de paso, recortan sus presupuestos.

Esta selectividad no solo debilita el Estado de derecho, sino que limita también el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano que aspira a vivir en una república.