Ecuador: la criminalidad no se resuelve con tropas extranjeras, por Diego García-Sayán

El referéndum constitucional celebrado en Ecuador el pasado 16 de noviembre, con la derrota de todas las propuestas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, no solo puso en cuestión reformas institucionales específicas. Más profundamente: abrió un debate sobre valores democráticos esenciales y sobre los límites que una sociedad está dispuesta a trazar frente a la promesa de “seguridad”. El resultado fue más que un revés político: fue una afirmación democrática de una ciudadanía que se niega a ceder derechos y soberanía a cambio de soluciones autoritarias.

No a las bases militares extranjeras.-
Es claro que la sociedad ecuatoriana rechazó la idea de entregar soberanía, pluralismo y garantías constitucionales en nombre de una seguridad esquiva. La propuesta de permitir la instalación de bases militares extranjeras —defendida por el presidente Noboa y un sector del país— fue rechazada por más del 60 % del electorado. El instinto democrático de la ciudadanía detectó que la presencia de tropas extranjeras no detendrá por sí sola la ola de homicidios: casi 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

Ese mismo instinto “sospecha” —o, quizás, ya sabe— que la seguridad no se impone desde fuera ni se construye con pactos opacos. Se edifica desde el Estado de derecho, con instituciones legítimas, justicia eficaz y políticas públicas que enfrenten las causas estructurales de la violencia. Y esas causas no son únicamente ecuatorianas: son regionales.

La violencia que hoy desangra a Ecuador es parte de una reconfiguración del crimen organizado en América Latina. El narcotráfico, la minería ilegal de oro, el tráfico de armas y de personas, y el lavado de activos operan en redes transnacionales que cruzan fronteras, corrompen instituciones y se adaptan con rapidez. Pretender enfrentar esta complejidad con bases militares extranjeras no solo es ingenuo: es peligroso. Abre la puerta a formas de intervención que, lejos de resolver el problema, pueden agravar la violencia y debilitar aún más la soberanía.

La Asamblea Constituyente y el poder judicial en la mira.-
La ciudadanía también rechazó la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la reducción del número de asambleístas y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. En las semanas previas, muchos observaron con preocupación la insistencia del presidente Noboa en atacar frontalmente a la Corte Constitucional, cuya independencia y solvencia son valoradas por amplios sectores sociales y por la comunidad internacional.

Las preguntas del referéndum fueron percibidas como una maniobra de distracción y regresiva. Especialmente aquellas que apuntaban a debilitar al máximo tribunal constitucional. Lejos de fortalecer la democracia, las propuestas parecían orientadas a concentrar poder y erosionar el pluralismo y el derecho a la participación política. La ciudadanía respondió con claridad: no está dispuesta a legitimar reformas que no atienden sus necesidades urgentes ni respetan los equilibrios institucionales.

Derrota, pero también una oportunidad.-
Según analistas como César Ulloa y César Barletti, el resultado obliga al presidente Noboa a revisar su estrategia. Rodeado de un círculo cerrado, desconectado del territorio y de las prioridades sociales, el gobierno ha confundido gobernabilidad con verticalismo. La ausencia de diálogo y la apuesta por reformas constitucionales sin consenso han debilitado su legitimidad.

Pero esta “derrota” también puede ser una oportunidad. La gran pregunta es si Noboa sabrá abrirse a un verdadero acuerdo nacional para enfrentar la inseguridad desde la legalidad, sin renunciar a la soberanía ni debilitar el Estado de derecho. El referéndum fue un campanazo de alerta. Recordó —o reafirmó— que la soberanía no se negocia, que la seguridad no justifica la militarización extranjera y que el Estado de derecho es el único camino legítimo para enfrentar la crisis.

En tiempos de inseguridad y tentaciones autoritarias, el pueblo ecuatoriano ha dado una lección de madurez democrática. La ciudadanía habló con claridad. Ahora le toca al gobierno escuchar, rectificar y gobernar con la ley.