El retorno del fetiche constitucional, por Diego Pomareda

Ni la Constitución es la culpable de todos los males, ni la solución a todos nuestros problemas. Sin embargo, en el contexto preelectoral rumbo al 2026, se vuelve a promover el viejo fetiche: la idea de que un nuevo pacto social resolverá los males históricos del país. Este discurso populista, que reaparece cada cierto tiempo en nuestra vida política, pretende hacernos creer que los defectos del Estado, de
la gestión pública o de la clase dirigente se corrigen simplemente cambiando el texto constitucional.

Tan inadmisible resulta hoy la promoción de una Asamblea Constituyente, al suponer una aparente solución fácil a problemas complejos, como lo fue el modo en que el Parlamento 2021-2026 ha trastocado la Constitución para su propio beneficio. Lo que hemos presenciado en los últimos años es una reforma total encubierta, impuesta desde un Congreso autoritario que ha utilizado las normas constitucionales como instrumento de control político.

El primer argumento en contra de esta apuesta constituyente es que no existe una relación causal directa entre los problemas del país y el texto constitucional. La corrupción, la inseguridad ciudadana, la desnutrición, la baja calidad educativa o la ineficiencia en el gasto público no nacen de la Constitución, sino de la falta de liderazgo, planificación y profesionalismo en la gestión estatal. No será una nueva Constitución la que haga más eficiente al Estado, sino instituciones que funcionen y autoridades que rindan cuentas.

El segundo argumento radica en la forma misma en que se pretende impulsar este cambio. Las constituyentes promovidas desde el poder, sin deliberación seria ni garantías de pluralidad, suelen nacer con una lógica de concentración. Su propósito termina siendo cambiar las reglas para
perpetuar un proyecto político, no para fortalecer una comunidad democrática. En nombre del pueblo, terminan socavando el Estado constitucional, como ha ocurrido en diversas partes del mundo.

El tercer argumento apunta a una salida responsable. La Constitución sí necesita reformarse, especialmente en su parte orgánica, para reequilibrar la relación entre los poderes del Estado y modernizar la administración pública. Ello exige un proceso transparente, plural y con ratificación popular, encabezado por especialistas con integridad y sin intereses políticos posteriores. Solo así podremos fortalecer las instituciones y garantizar la estabilidad política y económica que el país tanto necesita.