Régimen prioriza represión frente a la lucha contra el crimen

Durante los últimos años, el Perú ha sido testigo de una espiral de violencia desbordada. Los asesinatos producidos tras extorsiones que escalan en cantidad con la misma velocidad con que el Estado ha abdicado de su deber de proteger la vida. En el trasfondo de esta tragedia, el Gobierno de la coalición parlamentaria autoritaria ha hecho del poder un refugio y de la impunidad, su escudo.

En ese camino, la amenaza permanente de la vacancia ha devenido en un claro pacto de silencio. Es decir, nadie controla a nadie y todos se protegen entre sí. Bajo ese amparo mutuo, el país quiere ser condenado a la inseguridad como destino.

El hallazgo de La República desnuda el orden ético del régimen. Mientras las calles se tiñen de sangre a manos de delincuentes favorecidos por leyes que han eliminado la flagrancia, los recursos públicos se orientan a sofocar la protesta. Del 2022 al 2025, el presupuesto destinado a reprimir las manifestaciones sociales aumentó en 115%, en tanto que el dirigido a combatir el crimen común apenas creció 15%.

Lamentablemente, la aritmética del autoritarismo es transparente en su aparente objetivo. Se trata de dar más dinero para contener al pueblo, y menos para enfrentar a los criminales. De esa manera, pretenden que tanquetas y gases lacrimógenos sustituyan patrulleros y fiscales que exigen los oficiales de la Policía Nacional, hoy limitados por un Gobierno que les da la espalda.

Es, por tanto, una confesión política. El régimen ha revelado quién es su verdadero enemigo: la ciudadanía que lo interpela.

En los márgenes más vulnerables del país, donde la pobreza convive con la amenaza diaria de la muerte, esta política se siente con brutal claridad. Los más pobres, doblemente desamparados, son víctimas tanto del crimen organizado como de la indiferencia oficial. Mientras el sicariato sigue organizándose, el régimen intenta blindarlos.

Aún resta que el Congreso apruebe el presupuesto de 2026. Ese voto será una radiografía del alma parlamentaria. Si acompaña el aumento del gasto represivo, confirmará que la alianza autoritaria persiste, de espaldas a la nación. Los peruanos deberán observar con atención ese momento, porque serán ellos mismos quienes intentarán obtener su respaldo ciudadano en los próximos comicios.