TC interfiere la justicia penal

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado fundado el habeas corpus presentado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular y miembro del pacto que gobierna el país desde 2023, Keiko Fujimori. De esa manera, el máximo intérprete de la Constitución en el país anuló las investigaciones del caso Cócteles.

La tesis fiscal señalaba que, durante 2011 y 2016, dicho partido habría recibido dinero de procedencia no declarada, fraccionado y canalizado mediante aportantes falsos.

Por ello, la defensa de Fujimori recurrió al habeas corpus ante un TC cuya composición actual —con mayoría de magistrados elegidos por un Congreso dominado por el fujimorismo y sus aliados— se ha mostrado favorable a sus intereses, abusando de sus competencias. El argumento central de la defensa fue que los hechos imputados ocurrieron antes de que la modalidad de “recepción patrimonial” se incorporara al delito de lavado de activos en 2016, y que, por tanto, la investigación vulneraba el principio de legalidad penal.

El fallo en mayoría alegó que aplicar la ley penal en este caso supondría una retroactividad desfavorable. Además, sostuvo que la organización política de Fujimori no perseguía un fin delictivo, sino uno “plenamente legítimo” como ganar las elecciones. De ese modo, el Tribunal cerró la puerta a la justicia penal ordinaria y, en la práctica, blindó a Keiko Fujimori y a su entorno de rendir cuentas ante los tribunales.

Sin embargo, vale la pena que los peruanos observen de cerca los votos en minoría de los magistrados Luz Pacheco y Manuel Monteagudo, quienes marcaron distancia de esta decisión. Pacheco advirtió que el fallo representa un quiebre en la jurisprudencia del propio TC, pues considera “amenaza cierta e inminente” una acusación fiscal que aún no ha sido evaluada por un juez penal. 

Por su parte, Monteagudo señaló la improcedencia del recurso interpuesto por el fujimorismo, ya que anticipa un pronunciamiento sobre “la relevancia penal de los hechos”, función que pertenece “exclusivamente a la justicia ordinaria”.

Ambos votos disidentes defienden la esencia del orden constitucional: el respeto a la separación de poderes y la no interferencia del TC en los procesos judiciales en curso. Pero la mayoría prefirió sustituir al juez penal y clausurar la investigación, lo que sienta un precedente grave para la lucha contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional ha interrumpido un proceso penal legítimo mediante una decisión política disfrazada de jurídica. Al impedir siquiera la investigación, el TC no solo blinda al fujimorismo, sino que beneficia a los casos de Ollanta Humala, Susana Villarán, Lourdes Flores, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, el Apra y Rafael López Aliaga. Ello, sin duda, es un revés duro a la justicia que tanto cuesta sostener ante el poder político de unos cuantos.