De regreso a 1987, por Rosa María Palacios

El gigantesco fondo de inversión en infraestructura multinacional que tiene la mayoría de las acciones de la empresa “Rutas de Lima” ha declarado públicamente esta semana que “las medidas del Estado peruano han resultado en la expropiación indebida de la inversión de Brookfield en el Perú”. Los inversionistas detallan una serie de acciones de la Municipalidad de Lima y de su alcalde Rafael López Aliaga que han destruido el patrimonio de la empresa, forzándola a iniciar un proceso de disolución y liquidación.

El alcalde ha celebrado el anuncio pese a que se demandará al Estado peruano por el íntegro del daño causado. En un anterior arbitraje ya se perdieron 200 millones de dólares y en marzo se inició otro por 2700 millones de dólares. El alcalde alega que el contrato gestionado y firmado por la gestión de Susana Villarán con la empresa Odebrecht es corrupto porque la entonces alcaldesa recibió dinero de la empresa tanto para su campaña contra la revocatoria como para su fallida reelección. Ni López Aliaga ni su antecesor Jorge Muñoz han logrado, en ninguna vía judicial o arbitral, conseguir la nulidad del contrato. Menos aún anular la venta de Odebrecht a Brookfield, que alega es de buena fe. Hay tan poca causa probable contra esta última que la MML ha perdido una sencilla acción de descubrimiento de pruebas en los Estados Unidos.

El juicio a Villarán, con abundante prueba de hechos que no son controvertidos, no basta para declarar la nulidad del contrato. Ni siquiera la defensa de Villarán discute haber recibido fondos de empresas contratistas de la municipalidad. Eso está reconocido por OAS y Odebrecht y los receptores. Lo que se va a discutir en juicio es si existe un nexo causal entre las donaciones de campaña y la gestión de ambos contratos, en la medida en que adendas posteriores (los contratos se firmaron mucho antes de la revocatoria y el de OAS es de la gestión de Castañeda) pudieron favorecer a las empresas como contraprestación a sus contribuciones. Es un caso que puede ser ganado por la Fiscalía. Sin embargo, la estrategia de la Fiscalía puede hacer que la sentencia salga en unos años, si insiste con interrogar a 400 testigos. Cabe añadir que Odebrecht reconoce colusión y cohecho como colaborador eficaz en cuatro casos (IRSA, Metro de Lima, Costa Verde Callao y Evitamiento Cusco), pero jamás en el caso de Rutas de Lima.

Si no hay nulidad del contrato, ¿puedes realizar un conjunto de actos de incumplimiento para quebrar a la empresa que ha comprado la concesión de buena fe? No puedes. Es ilegal. López Aliaga ha desarrollado durante su breve gestión un conjunto de actos violatorios del Estado de derecho que van desde declaraciones promoviendo ataques físicos (la “toma” de los peajes) hasta incumplimientos de resoluciones del Tribunal Constitucional y de los tribunales arbitrales. Acciones de facto como apropiarse de la carretera Ramiro Prialé hasta no ejecutar la vía alterna en la Panamericana Norte le dan un caso muy fácil de ganar a los abogados de los inversionistas extranjeros. La cuenta no la pagará López Aliaga, sino todos los peruanos con nuestros impuestos.

Pero ese, siendo gravísimo, no es el mayor daño. Regresemos al 28 de julio de 1987, cuando un desesperado Alan García anunciaba al país la fallida estatización de la banca. ¿Tuvo apoyo popular? Por supuesto, y llenó plazas diciendo que les quitaba todo a los ricos banqueros para entregarles sus “inmensas riquezas” al pueblo. En ese momento se iniciaba la peor debacle económica que hemos padecido y esa medida solo logró agravar la situación. Le creyeron algunos, algún tiempo, porque el populismo tiene sus encantados, siempre. Pero la gran mayoría aprendimos las más duras lecciones de economía. Tan bien aprendidas que pensamos que no regresarían. Gran error.

Nuestro país necesitaba en 1987 y hoy, desesperadamente, crecer. Si queremos desarrollo, empleo, prosperidad, el país tiene que crecer. Sin esa base no hay nada. Y debemos crecer sostenidamente por muchos años a tasas por encima del 6 %. ¿Cómo se hace? Con inversión privada. Sin ese motor, no se puede. ¿Qué necesita la inversión privada? La seguridad de que no perderá su inversión por el abuso del Estado. El inversor asume el riesgo de perder por condiciones de mercado. Lo que no puede asumir es el riesgo de un país sin reglas.
¿Qué se hizo en los noventa para que el Perú comenzara a crecer? Poner las bases. Garantía total al derecho de propiedad y respeto absoluto a los contratos en la Constitución de 1993. Cuando en el siglo XXI los precios de los minerales se dispararon, una inversión privada sólida logró que el Perú creciera al punto de que, entre el 2004 y el 2019, apenas en 15 años, la pobreza se redujo en 40 puntos. Ahí están las cifras que lo prueban. No fue un milagro. Fue Estado de derecho y libertad económica.

Hoy, con otro ciclo de precios de minerales extraordinario, no crecemos al 6 %. ¿Por qué? Porque la inversión privada viene siendo sistemáticamente atacada desde todos los niveles del Estado. Desde ser obligada a competir en condiciones corruptas hasta ser perseguida, proceso electoral tras proceso electoral, con amenazas sobre la vigencia de concesiones y contratos, además de la aplicación de marcos regulatorios confiscatorios.

La inversión privada extranjera sabe cuidarse y toma sus cautelas. Eso, los demagogos no se lo cuentan al pueblo. La dictadura militar peruana se jactaba, como gran logro, de la expropiación de la IPC en 1968. Lo que no se supo hasta mucho después es que el gobierno de los Estados Unidos los hizo pagar hasta el último centavo. Con el actual sistema de protección internacional de inversiones, el perro muerto es casi imposible, salvo que quieras aislarte del sistema de crédito internacional.

El demagogo siempre va a encontrar una narrativa para convencer. “No pagarás peajes corruptos” suena muy bonito. No te dicen que la carretera necesita mantenimiento y que el sistema más justo para cubrir ese costo es cargárselo al que usa la vía. Tampoco te dicen que, si no mantienes la vía, esta se pierde, y menos que cuando cargas el costo del mantenimiento al tesoro público, vía tributos, todos pagamos por algo que nunca usamos. ¿Para qué te van a educar? Mejor mantenerte idiotizado en la creencia de que todo es gratis.

Lo que ha hecho López Aliaga no es de “derechas”. Tampoco es propio de un mercado libre. Menos de un defensor del Estado de derecho. Esta conducta se podría esperar de un comunista, ese al que tanto miedo le tienen sus electores. El problema es que el daño a la economía es mucho mayor a lo que sus víctimas recuperen. Si López Aliaga es presidente, toda la inversión privada (salvo la suya) está en riesgo. ¿Quieren regresar a 1987?