Que sí figuren los nombres, por Guido Croxatto

*Abogado internacional de los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra

En derecho constitucional se suele hablar mucho de “proporcionalidad” y “razonabilidad” para evaluar decisiones o medidas de un órgano administrativo, político o judicial. Cuando no se cumplen esos criterios elementales, se concluye que una medida es “irrazonable”, que no persigue un fin legítimo, o que no está justificada.

Este diario acaba de publicar una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que confirma que “de forma espontánea, un 10,9% de los encuestados dice que votaría por un político inhabilitado: Martín Vizcarra”, figurando primero en las encuestas nacionales. No es un dato menor. Tampoco Martín Vizcarra es el único político progresista que se quiere excluir de la contienda electoral, aunque tal vez sí el más importante (su hermano figura tercero). Pareciera que en Perú se está poniendo de moda una medida cuestionable que ya se usa mucho en otros países de la región, como Venezuela o Nicaragua: inhabilitar a figuras de la oposición. Sobre todo si esas figuras, como Vizcarra, pueden disputar electoralmente con chances ciertas de éxito en las próximas elecciones de 2026.

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Pero estas “inhabilitaciones” son inconstitucionales si se toman precisamente para eso: para excluir a alguien de una contienda electoral. Eso no es un “fin legítimo” en los términos de la Convención Americana. En Venezuela se tuvo que presentar un candidato “testimonial” para evadir la inhabilitación arbitraria del régimen de Maduro. En Perú pareciera que ahora sucede lo mismo. Mario Vizcarra es Corina Machado 2.

En Perú existen dos tipos de inhabilitaciones: la inhabilitación penal, cuando la inhabilitación es una pena accesoria a una condena formal contra un funcionario público, por ejemplo acusado de corrupción (una cosa), y la inhabilitación política, que es parte de lo que el Tribunal Constitucional peruano ha llamado “la función punitiva” del Congreso por “razones políticas” (que es otra).

Esta segunda “función”, que algunos doctrinarios cuestionan (en Argentina lo máximo que puede hacer el Congreso es quitarle los fueros a un congresista, pero nunca impedirle que asuma, como hicieron con Vizcarra luego de su triunfo en 2021, siendo el congresista más votado por Lima; en Argentina el Congreso no “juzga” ni “condena”, solo corresponde hacerlo al Poder Judicial), debiera ser evaluada con algo más de detenimiento, porque no queda claro que la misma sea compatible con el estándar democrático y de división de poderes que fija la Convención Americana, de la que Perú —hasta el momento al menos— es parte.

(Alan García fue al sistema interamericano hace ya treinta años, para que lo dejaran participar de elecciones, objetivo que consiguió).

Hay fuertes sospechas de que la “discrecionalidad” del Congreso peruano (con su “función punitiva” que ejerce, según el TC, por “razones políticas”) puede dar lugar a medidas de “inhabilitación” que sean arbitrarias. Esta sospecha se ve agravada cuando se confirma que el Congreso que “inhabilita” figuras de la oposición con alta intención de voto, como Vizcarra, es a su vez un espacio sin ningún apoyo ciudadano.

Esto da forma a una paradoja: un órgano sin representatividad, sin apoyo ciudadano, sin respaldo democrático, excluye de una elección a quienes sí tienen representatividad y apoyo ciudadano.

Por eso, porque el Congreso no tiene ninguna autoridad moral ni política (luego de aprobar la bicameralidad que la propia ciudadanía rechazó en un referéndum en 2018, desoyendo también ahí la voluntad popular) para inhabilitar candidatos opositores, es que los jóvenes salen y protestan.

Tienen mucha razón los jóvenes de generación Z en salir a las calles cuando las instituciones no funcionan como deberían. Si el Congreso tuviera alguna autoridad política o moral, la incoherencia de sus decisiones e inhabilitaciones no sería tan pronunciada.

Pero resulta contradictorio que en medio de una coyuntura política tan crítica, con instituciones tan cuestionadas, con tanta movilización, un espacio sin representatividad, altamente cuestionado (que restablece la firma de Alberto Fujimori en la Constitución, como si sus delitos no fueran graves), censure o inhabilite opositores que sí son representativos y tienen alto apoyo social.

Esta contradicción amenaza con viciar las próximas elecciones. Es un riesgo para la vida en democracia. Mario Vizcarra no puede ser la Corina Machado 2.

Otro medio cuestiona que la inhabilitación se haya hecho extensiva a la ciudadanía, a la que se le quiere imponer a quién puede elegir y a quién no (casi siempre los inhabilitados son del mismo signo político, lo cual refuerza las sospechas de parcialidad y no legitimidad), lo cual no parece nada democrático: “Pese a esta restricción, su nombre sigue figurando entre los políticos más populares del país, lo que llevó a las autoridades electorales a solicitar a las casas encuestadoras que se abstengan de incluirlo en futuras mediciones electorales”.

En Argentina se hacía lo mismo con el peronismo: se proscribía a Perón, que terminó exiliado en España, se anuló su partido, y se prohibía incluso decir su nombre. La broma en Buenos Aires era que no se podían pedir en la verdulería “peras grandes”. El humor nos salva del ridículo.

Naturalmente, ninguna proscripción sirvió de nada y el peronismo volvió y arrasó en las urnas. Si la gente quiere votar a Martín Vizcarra en Perú, debería poder hacerlo. No debería tener que votar a su hermano.

Es curioso —o no tanto— que inhabiliten a Vizcarra mientras restauran la firma de Alberto Fujimori en la Constitución. No se entiende cuál es el criterio constitucional ni político que se aplica. ¿Volver a tiempos en que se quería salir del sistema interamericano? Eso motivó hace treinta años el justo reclamo de Alan García en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y puede justificar ahora el de Martín Vizcarra ante el mismo organismo. Parece que la historia se repite.