El interinato tiene el curso definido por César Azabache Caracciolo

El interinato del fiscal Gálvez ha definido ya su propio curso de acción. Su llegada a la Fiscalía de la Nación, luego de la suspensión de la fiscal Espinoza, abre un periodo que en principio será de seis meses. Pero ese plazo depende de un litigio que permanece abierto; el que enfrenta a la señora Espinoza con la JNJ por las secuelas del caso Benavides.

Nos guste o no, los desenlaces posibles de ese caso son tres. La señora Espinoza puede volver a la Fiscalía de la Nación si consigue protección judicial pronto. También puede volver tarde, cuando una nueva Junta de Fiscales Supremos la haya remplazado en el cargo. O puede terminar destituida o inhabilitada, si no obtiene protección judicial contra la JNJ y contra el Congreso.

Qué ocurra primero definirá la forma que adoptará esta historia.

En el camino la Junta de Fiscales Supremos ha terminado perdiendo mayorías sólidas. El disenso entre sus miembros quedó expuesto cuando se discutió el destino de la fiscal Benavides, repuesta luego que el Judicial validó la orden de la JNJ. La fiscal Espinoza propuso asignarle el asiento que tienen las fiscalías en el JNE y no logró mayoría. Abierta la brecha la distancia quedó confirmada, lo ha admitido la propia señora Espinoza, cuando no pudo evitar las declinaciones que terminaron entregando el interinato al fiscal Gálvez.

Además la Junta de Fiscales Supremos puede ver alterada su conformación en poco tiempo. Dos fiscales supremos destituidos por la anterior JNJ, los señores Arce y Rodríguez, están ahora mismo litigando para recuperar sus posiciones en la Junta. Sus demandas de amparo tienen rutas complejas, pero siguen en proceso. Y en agosto la actual JNJ declaró desierto el concurso que se había abierto para cubrir dos plazas en la Junta, de modo que sus asientos parecen estar en una suerte de reserva virtual.

Si los señores Arce y Rodríguez regresaran, la Junta tendría siete miembros. Cuatro de ellos —Arce, Rodríguez, Gálvez y Benavides— podrían formar una mayoría predecible, incluso capaz de resistir un eventual retorno de la señora Espinoza. Esa mayoría sin duda dirigiría las fiscalías en una dirección por completo distinta a la que se intentó instalar tras la salida de la fiscal Benavides.

Por cierto, la señora Benavides podría seguir siendo la carta preferida para quienes buscan menos ruido en el ciclo electoral. O ya no. El sector al que ella representa, en las condiciones que van formándose, podría tener más cartas que ella para reconfigurar la posición de las fiscalías en el escenario.

Por su parte el señor Gálvez parece decidido a usar sus, en principio, seis meses de interinato para ganar posiciones en la nueva disputa que se ha abierto por el control de las fiscalías. El miércoles 24 visitó al presidente del Congreso. No a la presidenta del Judicial, que ha defendido con firmeza la autonomía de las instituciones del sistema judicial, sino al presidente del Congreso, la misma entidad que alteró hace poco las reglas sobre policías y fiscales contra la posición de las fiscalías, a las que él ahora representa.

El lunes 29 el señor Gálvez se presentó ante la Comisión Alva, que debate en el Congreso alternativas para la reforma del sistema de justicia. Y ante la Comisión propuso una reforma constitucional destinada a impedir que los tratados de derechos humanos sean usados por el Judicial como válvula de control de leyes como la de prescripción o la amnistía con que el Congreso quiere detener los casos pendientes sobre graves violaciones a los derechos humanos. Además el señor Gálvez propuso al Congreso retirar al Poder Judicial del espacio preferente que hoy ocupa en el sistema de justicia. Y añadió, en un punto que parece ser de interés propio, que las rondas campesinas deben tener en la Constitución un papel central en la configuración de la justicia comunal.

En esa misma sesión el fiscal Gálvez se comprometió ante el Congreso a evitar nuevas confrontaciones entre las fiscalías, el gobierno y el Congreso. Un Congreso de 130 representantes, 105 de los cuales enfrentan expedientes penales que, por cierto, el señor Gálvez se comprometió a revisar y descartar en lo posible.

Adelantándose a ese compromiso el señor Gálvez ya había removido de sus puestos a los fiscales Ballón y Mendoza, los responsables de los casos más serios que enfrenta el ministro Santiváñez, cuya segunda interpelación está aún en debates preliminares en el Congreso. El fiscal Ballón fue por cierto el magistrado que, en una audiencia grabada que se ha difundido insistentemente, expuso las conexiones que parecen mantener el señor Santiváñez con la familia de Miguel Salirrosas, ex policía y cliente suyo, preso por vínculos con el crimen organizado. El gesto recuerda a julio de 2022, cuando la fiscal Benavides apartó a la fiscal Revilla de la oficina que tenía a su cargo el caso de su hermana Enma, investigada por corrupción en el manejo de casos sobre narcotráfico. Además ha provocado la reproducción de un gesto que no debe pasar desapercibido: Víctor Cubas, una figura de enorme prestigio en las fiscalías, que ya había dejado su cargo cuando la señora Benavides removió a la señora Revilla, ha renunciado al puesto de vocero con el que la señora Espinoza lo había traído de vuelta.

En la sesión del lunes 29 el fiscal Gálvez pidió al Congreso garantizar a la fiscalía el 4% del presupuesto de la República año a año. Obtenga esto o algo semejante, el gesto proyecta la imagen de una nueva sincronía entre el Congreso, el gobierno y las fiscalías. Fondos a cambio de la aceptación de una nueva agenda que deje de lado los casos de impacto político e institucional y se concentre en reforzar la imagen de la policía como agencia principal de la lucha contra el crimen, al menos ante las cámaras.

Este interinato es bastante más que una transición. Suena a clausura.