Gastamos mucho, gastamos mal, por Mónica Muñoz-Nájar

Imagínese un auto con el tanque lleno. Nos subimos para arrancar, pero al girar la llave, el motor no responde. Algo está mal por dentro. No es por falta de combustible, sino porque el sistema que debería transformar esa energía en movimiento está fallando. Ese es uno de los problemas que enfrenta el Estado peruano hoy.

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En los últimos diez años, el país ha tenido más recursos que nunca. Según la información del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto público casi se ha duplicado: entre 2015 y 2025, pasó de poco más de S/ 135 mil millones a más de S/ 263 mil millones, un incremento de 95%. Algunas de las funciones más sensibles para la ciudadanía han recibido aumentos importantes: educación creció 120%, salud 125% y protección social —donde se concentran los programas sociales— subió más de 100%. También crecieron otras partidas más discutidas: el pago de la deuda aumentó en 170% y el Congreso ha duplicado su presupuesto en ese mismo periodo.

No estamos, por tanto, frente a un Estado que carece de recursos, al que le falta gasolina. Estamos frente a un Estado que ha invertido más, pero no ha sabido transformar esa inversión en resultados visibles y sostenibles. El Estado no logra avanzar.

De hecho, el mayor gasto del Estado no sería un problema sino una señal de que la economía viene creciendo. La última década, el gasto público no financiero ha estado entre el 21 y 22% como porcentaje del PBI. Si la economía crece, los recursos que tiene el Estado crecen también y esos mayores ingresos van, por lo general, acompañados de mayores gastos. Pero en nuestro caso, esos recursos adicionales se han gastado y los servicios que recibimos los ciudadanos no mejoran.

Gastamos mucho

¿En qué se ha gastado? Las dos categorías que más han crecido han sido el gasto en personal y en inversión pública. El gasto en personal —planillas— ha crecido 155% en la última década, y el gasto en inversión pública —obras, infraestructura— aumentó 113%. Podríamos esperar por lo tanto servicios públicos con mejor infraestructura y más personal mejor capacitado.

El mayor gasto en planillas ha sido particularmente alto en el caso del sector educación donde el grueso del incremento de presupuesto que ha recibido se ha ido al pago de sueldos: 19 mil millones de soles adicionales entre el 2015 y 2025.

Gastamos mal

De los pobres resultados de esta mayor inversión del Estado tenemos mucha evidencia. En educación, los avances son decepcionantes: según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024, apenas el 32.8% de los estudiantes de cuarto grado alcanza niveles satisfactorios en lectura, y solo el 12.6% lo logra en matemáticas. Ambos indicadores siguen por debajo de los niveles prepandemia. Más presupuesto, pero menos aprendizaje.

En el combate a la pobreza ocurre algo similar. Tras una reducción sostenida entre 2004 y 2019, la pobreza volvió a subir y se mantiene alta. La inversión en programas sociales no ha logrado compensar el bajo crecimiento económico, ni adaptarse a los nuevos desafíos del país. El resultado es un estancamiento preocupante.

A esto se suman otros síntomas del mismo problema. El acceso a servicios de salud es limitado, la cobertura de agua potable y saneamiento sigue avanzando lentamente. Más del 97% de puestos y centros de salud a nivel nacional no tienen la capacidad instalada adecuada para atender a sus pacientes. Muchas obras se paralizan o se ejecutan mal. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de capacidad de gestión y de visión a largo plazo. Estamos ante un Estado que tiene más, pero logra menos.

Gastamos irresponsablemente

A esta fragilidad institucional hay que sumarle otro problema que se ha venido acumulando en los últimos años: el desbalance fiscal. Desde hace más de diez años, el Estado peruano viene gastando por encima de lo que recauda. Eso es lo que se conoce como déficit fiscal: cuando los ingresos corrientes del Estado no alcanzan para cubrir todos los gastos, y es necesario endeudarse.

Este déficit ha superado incluso los límites que el propio país se ha impuesto a través de sus reglas fiscales. Es decir, no solo estamos gastando más de lo que tenemos, sino más de lo que nos habíamos comprometido a gastar con responsabilidad. Eso genera una presión creciente sobre las finanzas públicas, y en el mediano plazo obligará a hacer ajustes que impliquen recortes.

El problema es que un ajuste fiscal en un Estado con baja capacidad institucional puede tener consecuencias graves. Cuando no hay criterios técnicos sólidos ni una planificación adecuada, los recortes pueden terminar afectando justamente los servicios esenciales: salud, educación, protección social. Y lo que se ahorra en el papel, se pierde en la vida diaria de millones de peruanos.

Cambiar la conversación

El desfase entre lo que gastamos y lo que logramos no se resuelve ajustando cifras o cambiando prioridades en el papel. El problema de fondo es que no tenemos un Estado capaz de ejecutar bien, de sostener políticas con enfoque en resultados, ni de corregir cuando algo no funciona. Mientras la gestión pública siga atrapada entre decisiones improvisadas, baja capacidad técnica y estructuras débiles, ningún presupuesto alcanzará. Por más que llenemos el tanque, el motor del Estado no arranca.

En lugar de enfocarnos solo en cuánto más gastar, deberíamos preguntarnos para qué, cómo y con qué resultados. La conversación pública está saturada de cifras, pero carece de discusión sobre gestión, implementación y evaluación. Un Estado moderno no se define solo por cuánto gasta, sino por su capacidad de transformar ese gasto en resultados tangibles para su población.

Por eso, la transformación institucional no es un lujo, es una necesidad. Sin un Estado que sepa planificar, ejecutar y priorizar, ningún presupuesto alcanza, y ningún ajuste será justo. Profesionalizar el servicio civil, estabilizar los equipos técnicos, simplificar procesos de inversión y de compra, y fortalecer los gobiernos regionales y locales son condiciones indispensables para que cualquier política —de gasto o de ajuste— tenga impacto real.

No se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo se construye un Estado que convierta gasto en bienestar. Y ese Estado aún está por construirse. Mientras más posterguemos esa tarea, más alto será el costo que pagaremos.